El Secretario Provincial del Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras, Antonio Salvador, y la responsable de Enseñanza Privada de la Federación de Enseñanza de este sindicato en Castilla y León, Pilar Moreno, acusaron ayer a Asprosub «Virgen de la Vega» de haber utilizado «dinero público proveniente de subvenciones de las administraciones para proceder al pago de las indemnizaciones» de los trabajadores despedidos en un ERE extintivo, despidos que han sido anulados en sentencia firme por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Comisiones Obreras culpa también de lo sucedido o la Federación de Castilla y León en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), por haber «tutelado todo este proceso» que, según el Sindicato de Enseñanza, además se ha llevado a efecto «bajo la supervisión legal de la entidad.

Comisiones Obreras, cuyos responsables comparecieron ayer en una rueda de prensa en Zamora, considera «muy grave» que a una asociación que tiene como fin una labor social, «se les condene a la nulidad de los 13 despidos, por la vulneración de derechos fundamentales de libertad sindical y en respuesta o represalia empresarial al ejercicio de esta derecho fundamental o bien por la mera reclamación de derechos laborales», y recuerda que además es la segunda vez que esto sucede desde el año 2010 (entonces se declaró la nulidad del despido de dos trabajadores).

Por este motivo, el Sindicato de Enseñanza ha reclamado la dimisión de la junta directiva de Asprosub «Virgen de la Vega», por la manera que se ha gestionado el ERE, y ha trasladado la asunción de responsabilidades al gestor de FEAPS.

«No vamos a parar hasta que no se asuman (las responsabilidades), pues no es casual lo que ha ocurrido, sino deliberado: alguien ha tomado la decisión y alguien la ha amparado en un actuar vulnerador de derechos fundamentales persistente en el tiempo, por tanto es exigible por sanidad democrática que se depuren estas responsabilidades», reclamó Salvador.

El sindicato pide a los socios, padres y colaboradores, que tomen en consideración ambas resoluciones judiciales, «que van en detrimento de la imagen y de la labor de la asociación y del Centro «Virgen de la Vega», por l acumulación de sentencias contrarias a la libertad sindical o por presuntos hechos nada claros, sobre su gestión».

Del mismo modo el Sindicato de Enseñanza pide responsabilidades FEAPS porque el principal deber de la Federación, afirman, es «la supervisión y la vigilancia de la legalidad» de todas las actividades relacionadas con esta asociación.

También inquiere a las administraciones públicas sobre cómo se realiza el seguimiento sobre las subvenciones para actividades de Asprosub. ¿Se realiza algún control sobre los fines que van destinados?, pregunta CC OO a la Junta, a la Diputación Provincial de Zamora y al Ayuntamiento de Benavente antes de destacar que las subvenciones proceden de los impuestos «y se debe de dar todo tipo de explicaciones, como cualquier otra entidad de uso público».

Los sindicalistas entienden que los derechos de los usuarios de este centro y de todos los centros de este tipo «son muy importantes, pero al igual que los derechos de los trabajadores, que puedan reivindicarlos con libertad y sin miedo a ningún tipo de represalia» y por ello considera que «no se puede, bajo el amparo de una legislación nefasta tras la reforma laboral aprobada en este país que facilita el despido barato, realizar purgas y aprovechar para despedir a los trabajadores que en algún momento se han destacado por su labor sindical». Del mismo modo considera injustificables acciones tales como las contra-candidaturas promovidas por la empresa, o el respaldo «a ciertos trabajadores por su afección a esta en contra de otros y la falta de objetividad a la hora de plantear rebajas salariales o cambios de categorías».