El demandante de las irregularidades urbanísticas del Edificio Villalar, el arquitecto Román Ávila, considera «evidente» evidente que una vez conseguida la apertura del «Expediente Municipal de Responsabilidad Patrimonial» , que garantiza la compensación y las indemnizaciones necesarias para llevar a cabo el proceso de Restauración de la Legalidad del Edificio Villalar, «la situación de los propietarios de las viviendas, auténticos sufridores de la irresponsabilidad municipal que otorgó irregularmente la Licencia con conocimiento pleno de la absoluta ilegalidad del acto, mejora sustancialmente». «De momento -añade- parece que no serán ellos los que paguen por la fechoría y que el Ayuntamiento adopta una actitud responsable».
Según Ávila, la posibilidad de que los propietarios fueran los perjudicados por la aplicación de la sentencia firme, «hacía presagiar la escasa fortuna de su ejecución por la injusta carga final sobre la parte menos culpable, incluso tras la presión de las partes implicadas para admitir posibles intentos de «bordear» el cumplimiento de las normativas de aplicación según el PGOU». Ahora, salvada esta circunstancia, «parece que nada impedirá el estricto cumplimiento de la Ley y la definitiva ejecución de la sentencia, sin más demoras», afirma y apunta directamente a los técnicos y políticos que respaldaron la concesión de la licencia y cree los máximos responsables de lo sucedido.
