«Suprimir 240 partidos judiciales afectará a miles de empleos»

-El CGPJ ha negado que el nuevo mapa judicial vaya suponer despidos ¿Lo creen?

-Directamente no lo proponen y legalmente no se puede despedir a un funcionario por estas razones. Lo que propone el CGPJ conllevaría, en una primera fase, una reordenación de los efectivos; por tanto, el traslado de los funcionarios a otras localidades, probablemente a las capitales de provincia. Con el tiempo basta con no cubrir las vacantes por traslado, jubilación u otras y la reducción de personal está servida. Los que sí pueden ser despedidos de forma inmediata son los que se ocupan del mantenimiento y de servicios.

-También ha negado la supresión de los partidos. Hablan de un nuevo modelo. ¿Qué opinión le merece este lenguaje?

-«Reordenar», como proponen, supondrá pasar de 431 Partidos a 192, es decir, suprimir unos 240. Serán miles de empleos que se irán de las cabeceras de las comarcas a otras más grandes o a las capitales y, una vez allí, aplicar las tijeras. La mejor respuesta a esta pregunta la da el propio CGPJ en su informe cuando dice: «Esta meta no tiene por qué suponer la desaparición de toda presencia judicial...» y finaliza «o, en última instancia, por su simple desaparición».

-El Pacto por la Justicia está refrendado por los dos partidos mayoritarios. ¿Vincula usted el documento a ese pacto político?

-Sí. Lo vincula el propio Consejo en su «Justificación de la Reforma». En el texto hay continuas referencias a él, a la Nueva Oficina Judicial, a la implantación de los Tribunales de Instancia y, con pequeños matices, no tengo dudas de que tanto el PP como el PSOE comparten la misma idea. Cuando pactaron gobernaba Aznar y con él se publicó la Ley Orgánica del Poder Judicial que da cobertura a la reforma. Con Zapatero se puso en marcha la Oficina Judicial que arrancó del mismo pacto. Ahora, con Rajoy, más de los mismo.

-He escuchado a profesionales muy críticos que con este plan los jueces busca no mancharse las togas en los pueblos. ¿Está de acuerdo con esta opinión?

-Me gustaría no estarlo; pero detrás de argumentos como la especialización para mejorar el servicio, puede esconderse esa afirmación. Necesitamos especialistas y servicios que deben estar centralizados. Necesitamos buenos cirujanos y hospitales con muchos medios; pero el ciudadano tiene derecho también a una medicina general más cercana y servida por el médico. Pues igual la justicia, que ellos llaman menor. Tenemos derecho constitucional a que sea administrada por un juez ordinario.

-A su juicio y con su experiencia ¿Qué quieren realmente los jueces ?

-Quiero pensar que, en el fondo, lo que buscan es solucionar los problemas de lentitud e ineficacia de la justicia; pero me da la sensación de que lo hacen desde muy lejos de los ciudadanos. Ser eficaz no es sólo rapidez más barata, se necesita calidad. No quiero, más aún, me niego a pensar que detrás esté la mera agrupación para que la justicia le sea más barata al Estado; y mucho menos que detrás esté la mejora de las condiciones de los jueces, de su promoción personal o de poder vivir en ciudades más grandes con más servicios.

-Usted es un gran conocedor de la experiencia piloto de la oficina judicial. ¿Cómo ha sido?

-La sufro a diario en León y por referencias constantes en Burgos. Fue una ilusión de todos, pasó a ser una quimera y ahora es un auténtico desastre que solo se arreglará metiendo mucho dinero.

-¿Por qué?

-Los edificios se diseñaron sin tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos, ni de los profesionales, ni de los trabajadores, más aún, sin escucharlos. El expediente digital ni existe ni se le espera ya, sigue siendo de papel pero cada vez más grande porque se ha multiplicado por tres la burocracia. Los expedientes pasan de una oficina a otra, de un funcionario a otro, y se registran en cada sitio al entrar y al salir, en papel y en el ordenador. El traslado se hace en carritos por todo el edificio con el riesgo de perderse o de «deslocalizarse». Antes la frase más oída por los juzgados era: ¿Cómo está lo mío? Ahora es: ¿Dónde está lo mío?

-¿Qué opinión le merece el argumento del ahorro, la proximidad al ciudadano, o la atención a la mujer esgrimidos en este plan?

-Simplemente me parece de mal gusto. No todo puede ser ahorro: los servicios públicos como sanidad, educación, justicia u otros deben ser medidos por algo más. Falaz es el de la proximidad al ciudadano cuando en realizad se los llevan a 60 o 70 kilómetros. Y ya, fuera de clasificación, las referencias a la violencia sobre la mujer, algo muy delicado.

-¿Qué opinan los funcionarios cuando se desayunan sabiendo que el presidente del TS y del CGPJ viaja tanto a Porto Banus?

-Pues nada bueno, me imagino. Lógicamente, nosotros respetamos, más que otros si cabe, la presunción de inocencia, la del vecino del tercero y la del Presidente del CGPJ. Dicho esto; los funcionarios estamos en la sociedad y tenemos las mismas sensaciones que el resto y a veces parece que hay ciudadanos de primera y de tercera ante la justicia. Es exigible la honradez y la trasparencia, sobretodo a los servidores públicos y un plus más a aquellos que además sirven en puestos de especial relevancia como es el caso.

-¿Darán marcha atrás con este borrador o cree que Gallardón presentará un plan diferente?

-Radicalmente diferente no. Corren tiempos de recortes y vemos claro la dirección que llevan. Yo creo que si la presión de los ciudadanos, de sus dirigentes, de los funcionarios y de los profesionales no decae empezará a dar frutos, de hecho ya parece que algo se mueve incluso dentro del seno de los dos grandes partidos. Pero debemos estar en guardia empujando siempre a los que tienen la obligación de dirigirnos y representarnos, más en comarcas tan dinámicas como la de Benavente, en donde hemos visto desaparecer servicios, empresas y medios.