El arquitecto, proyectista del Edificio Mercantil y demandante en el caso del Edificio Villalar, Román Ávila, ha reclamado al Ayuntamiento de Benavente que solicite la intervención de la Fiscalía Anticorrupción para «depurar penalmente las responsabilidades que correspondan» en el caso de este inmueble, cuya licencia acaba de anular el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en sentencia firme.
Ávila ha enviado una carta de tres páginas a la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de León (COAL), a la Junta Directiva de la Delegación de Zamora, a la Comisión de Deontología Profesional y a un número indeterminado de colegiados, a los que aporta una copia de la sentencia sobre el Edificio Villalar. El arquitecto relata lo sucedido durante el proceso de denuncia y da su versión sobre lo ocurrido hasta que se produjo la sentencia.
El arquitecto recuerda que casi cinco años después de iniciado el proceso, «el TSJ estima mi recurso y me da la razón» reconociendo que el edificio «carece de licencia» cuando «las viviendas están vendidas y habitadas, así como los bajos comerciales y las plazas de garaje».
«Ahora, cuando resulta prácticamente imposible la legalización del edificio Villalar, ya que incumple multitud de ordenanzas y prescripciones, el Ayuntamiento debe abordar un proceso de Restauración de la Legalidad Urbanística difícilmente resoluble», propone antes de reclamar que «aunque ni el arquitecto municipal José Juan Barba, ni el concejal de Obras Justo Fernández Valverde, ni el Alcalde Manuel García Guerra están en el Ayuntamiento (...), queda claro que deberían responder personalmente por los perjuicios que se deriven de semejante atrocidad».
A su juicio, «ahora es el momento en que el Ayuntamiento de Benavente debe reclamar las responsabilidades a estos, al menos, tres artífices de semejante cúmulo de ilegalidades» tratándolas «como ejemplo de "presunta corrupción urbanística"». «Ahora, es el momento -añade- en que el Ayuntamiento de Benavente debe acudir al Tribunal Anticorrupción (por la Fiscalía Anticorrupción) y depurar penalmente las responsabilidades que correspondan».
La misiva de Ávila al COAL recuerda cómo en 2007 sus denuncias sobre la comisión de presuntas irregularidades urbanísticas en Benavente, motivaron las quejes de algunos compañeros de profesión que derivaron en la apertura de un expediente disciplinario en el COAL que, finalmente, terminaría archivándose.
«Espero también que este resultado judicial no sea origen de un nuevo expediente disciplinario de este "insumiso" firmante que acude a los tribunales de Justicia para destapar los casos de presunta corrupción que nos rodean, y que los compañeros, que han sido testigos mudos de algo tan evidente a la vez que denunciadores de este único denunciante, comprendan que ahora todos los arquitectos nos vemos obligados a cumplir con una normativización en nuestra actividad profesional tan exhaustiva como consentida por nosotros mismos, mientras hemos callado de forma sumisa cuando nos la han impuesto», desea.
El arquitecto del Mercantil explicó que, al margen de su carta al COAL pidiendo que se depuren responsabilidades por la autorización indebida de construcción del Edificio Villalar, no desea «ningún mal a los vecinos, pero los que fueron responsables tienen que pagarlo».
Ávila considera que el inmueble es «ilegalizable» con la normativa en la mano salvo que el equipo de Gobierno sea flexible al aplicarla, e independiente de lo que suceda, afirma esperar, «al menos, la expresión de gratitud pública y notoria de mis compañeros y la de mi Ayuntamiento gobernado por algunos de los mismos que en el 2005 apoyaban mi actuación y pedían explicaciones por estos mismos hechos», dice en uno de los párrafos finales de su carta al Colegio de Arquitectos de León.
