El Partido Popular arremetió ayer contra el PSOE a raíz de la sentencia sobre el Edificio Villalar haciéndole culpable de los «perjuicios» que ahora pueda ocasionar la sentencia a los propietarios y al Ayuntamiento. En una nota de prensa afirma que la «gravedad» de la resolución judicial «no se le puede escapar a nadie», considera que los perjudicados «son el Ayuntamiento de Benavente y todos los benaventanos» y señala como «único responsable» de la situación al PSOE de Benavente.
El Partido Popular «siempre denunció las entonces presuntas irregularidades de la licencia exprés» aprobada por los concejales del PSOE, recuerda para denunciar seguidamente el «inaccesible búnker que había construido el PSOE en el Ayuntamiento de Benavente», lo que impidió a los ediles del PP revisar el expediente de las viviendas de la calle Villalar «tachándonos de mentirosos», sostiene.
«Ante la opacidad y la intransigencia de los socialistas , el Partido Popular, en octubre de 2005, exigió públicamente al PSOE que eximiera al Ayuntamiento de toda responsabilidad en este asunto, de tal manera que Benavente y los benaventanos se vieran liberados de futuras responsabilidades; y, sugeríamos que fuesen los concejales socialistas quienes asumieran la responsabilidad con su patrimonio personal», rememora en un comunicado.
Los populares insisten también en recordar que la implicación del PSOE en este asunto llegó hasta tal punto que en la sesión de Pleno Extraordinario celebrada el 6 de marzo de 2007, «el rodillo» socialista supuso el rechazo de una propuesta de su grupo político para crear una Comisión de Investigación en el área de Urbanismo en el mandato que acababa.
«Con un PSOE de Benavente desmembrado, roto, con todos sus concejales en estampida y en un vergonzoso «sálvese quien pueda", fueron capaces de cerrar filas en torno a las siglas socialistas y votar en contra de la propuesta del Grupo del Partido Popular», opinan.
A juicio de los populares los dirigentes socialistas benaventanos «desde el primer día que llegaron al Ayuntamiento convirtieron la ciudad en un cortijo privado, hicieron y deshicieron a su antojo, se pasaron las normas por el arco del triunfo, humillaron, mintieron y se rieron de todos los benaventanos», agregan.
El Partido Popular, que comienza su comunicado asegurando que los socialistas benaventanos «camparon a sus anchas durante los cuatro años que gobernaron Benavente», concluye aseverando que «algunos de aquellos que propiciaron lo que hoy nos ocupa, todavía tienen la cara dura de lanzar proclamas queriendo convencer de sus bondades a los benaventanos y que vuelvan aquellos desmanes a nuestro pueblo». En el mismo tono el PP defiende que son «los mismos de entonces, hablando de innovación y progreso, pero su verdadera intenciones no es otra que implantar su corralito en nuestra ciudad».
Las acusaciones de Román Ávila y su denuncia en los tribunales obtuvieron una respuesta del equipo de Gobierno del PSOE en julio de 2005. El entonces alcalde Manuel García Guerra compareció con el concejal de Urbanismo y ofreció, literalmente, la siguiente versión y justificación de la concesión de la licencia.
W «La Unidad de Actuación UA-1 está prevista en las Normas Subsidiarias aprobadas el 27 de julio de 1989»
municipal, se aprueba y se da licencia para ejecución el 4 de agosto de 2004»
una de las falsedades que el vierte, está visado por el Colegio el 14 de enero, no el 14 de febrero, de 2005». (Este dato utilizado por Guerra era falso. El COAL se equivocó en la fecha del sello de visado como certificó más tarde ante el juez)
medio después de presentado, esta es la licencia exprés, esto es lo que tarda normalmente cualquier licencia, que se obligan a hacer modificaciones que se presentan y mes y medio después se le da la licencia».
informe favorable del aparejador municipal».
sociedad GAAS, con el informe favorable del aparejador municipal».
suspensión de licencias (tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana) es de 10 de marzo de 2005 cuando se publica en el BOCYL y si queremos ser más restrictivos, el 7 de marzo de 2005 en el BOP». (Este dato también ha sido rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León)
