J. A. G.
El Ayuntamiento de Benavente, el único perdedor en este contencioso, tendrá que determinar ahora qué efectos tiene la resolución sobre el bloque de pisos y si el inmueble es o no es legalizable. La constructora, Aquilino García Ojanda, aunque emplazada, no compareció en el procedimento.
El Ayuntamiento de Benavente, ya gobernado por el PP, se opuso en 2008 al recurso de apelación presentado por Román Ávila después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zamora desestimará su demanda denegando la revisión de oficio de la licencia del Edificio Villalar que reclamaba.
Esa sentencia apelada y hoy sin efecto por la resolución que acaba de dictar la instancia superior, rechazó las pretensiones del demandante por entender que el Edificio Villalar era «una construcción "ya finalizada" y no ser la licencia constitutiva de una infracción urbanística grave o muy grave», aspectos ambos que acaba de rechazar la Sala de lo Contencioso-Adminsitrativo.
Ávila denunció por primera vez que la licencia de obras concedida al Edificio Villalar era ilegal en julio de 2005. «Está clarísimo que el proyecto fue visado el 14 de febrero de este año, no el 14 de enero como dijo el alcalde (por Manuel García Guerra), y que la suspensión de licencias entró automáticamente en vigor el día 27 de enero, cuando lo aprobó el Pleno, de forma que este edificio ya no se podía construir de acuerdo con las antiguas Normas Subsidiarias», dijo en una rueda de prensa convocada en los paseos de la Mota en esa fecha.
A la luz de la sentencia de Tribunal Superior de Justicia, será la Oficina de Obras la que diga si los incumplimentos del edificio con respecto al PGOUB son o no insalvables.
