El proyectista del Mercantil denunció a mediados de 2005 la existencia de una veintena de irregularidades en el Edificio Villalar. La mayoría han sido confirmadas en la sentencia del TSJ cinco años después. La principal, el que la licencia se hubiera concedido inadecuadamente al haberse aprobado inicialmente el PGOUB y estar suspendida la concesión de licencias, fue negada por el equipo de Gobierno socialista. El ex alcalde Manuel García Guerra aseguró en una conferencia de prensa en la que defendió la honestidad de su concejal de Urbanismo poniendo «la mano en el fuego», que el proyecto del edificio Villalar era casi un año anterior a la aprobación del Plan General. La Delegación del Colegio de Arquitectos les desmintió con un certificado en el que daba cuenta de un error en la fecha del sello de visado del proyecto. El equipo de Gobierno socialista nunca rectificó y Ávila, que nunca ocultó que las denuncias eran una reacción ante las decisiones municipales sobre el Edificio Mercantil, acudió primero a la vía penal y seguidamente a la contenciosa. Entre 2005 y 2007 las posturas de las dos partes generaron enfrentamientos feroces en muchas ocasiones. El Partido Popular, entonces en la oposición, criticó y dudó de la a concesión de la «licencia exprés».
