Izquierda Unida propondrá al Pleno que inste al Gobierno y a la Junta de Castilla y León a la creación de un fondo especial para pagar en sesenta días a los proveedores municipales con deudas que no superen la cantidad de 60.000 euros.
La propuesta de IU se apoya en los problemas de endeudamiento que con carácter general sufren la inmensa mayoría de los ayuntamientos españoles y el efecto de la tardanza de sus pagos está provocando en la economía de las pequeñas y medianas empresas que les proveen de bienes y servicios.
IU propone que las dos principales administraciones, la estatal y la autonómica, creen un fondo especial para que los Ayuntamientos puedan abonar de manera inmediata, o en todo caso en el plazo máximo de dos meses, a todos lo proveedores a los que deban cantidades inferiores a 60.000 euros y con prioridad para los ayuntamientos mas pequeños y aquellos cuyo rigor presupuestario y financiero haya sido mejor.
La propuesta se realiza, dice IU sin perjuicio de seguir reivindicando, «la tan necesaria reforma de la financiación local que permita a los Ayuntamientos recursos económicos suficientes para seguir ejerciendo las competencias y servicios que les son demandados por los ciudadanos».
La crisis económica «y los estragos que está causando» está detrás de esta moción. «Al desmesurado incremento en el desempleo, mientras las Administraciones con competencias directas se dedican a culparse las unas a las otras sin hacer lo suficiente para atemperarlo, se une cada día el cierre de empresas pequeñas, la mayoría de carácter familiar.», argumenta la Coalición.
« Éstas, aún contando con posibilidades de supervivencia, se ven ahogadas en muchos casos ante la demora en el pago por parte de las administraciones. Empresas que gozarían de una situación estable, incluso de proyección futura, se verán abocadas a cerrar como consecuencia de la falta de liquidez originada en la falta de pago de Ayuntamientos a los que proveen distintos bienes y servicios», añade.
En el caso de Benavente la Concejalía de Hacienda sigue manteniendo que los pagos a proveedores se libran en el plazo de dos meses y al margen de los reconocimientos extrajudiciales de crédito a los que ha tenido que acudir en el primer trimestre debido al retraso en la presentación de facturas o a la contratación de bienes y servicios sin consignación presupuestaria o con partidas agotadas.
