Sindicatos replican a Cuadrado y confirman que la Agencia Tributaria será reorganizada

Bien a través de sus secretarios generales nacionales, bien a través de sus páginas web, Comisiones Obreras, el Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT-USO), el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) y CSI-CSIF, sostienen que la reforma afectará negativamente a los contribuyentes, forzará el traslado de funcionarios y propiciará el fraude fiscal. La Unión General de Trabajadores, que también se opone a la reestructuración, cree que ésta simplemente no se llevará a cabo.

El secretario general de Comisiones Obreras en la AEAT, José Luis Albalat, explicó ayer a este periódico la Agencia «han presentado este proyecto para ejecutarlo« y que a los contribuyentes «les van a hacer desplazarse cien kilómetros para ejercer sus derechos fiscales...

Según Albalat, «no están defendiendo los servicios públicos» sino favoreciendo una «deslocalización», y aunque «en principio no cerrarán las administraciones de segunda (caso de Benavente) las dejan como puntos informativos y los contribuyentes no van a poder hacer nada». Albalat reiteró que la reunión fue convocada por Fernando Díaz Yubero, responsable de DROPI, y se celebró «con luz y taquígrafos. Nos dieron el documento e hicimos propuestas». «No hay ningún globo sonda -descartó- cuando es la propia Dirección General de la Agencia la que lo da por hecho. Otra cosa es la repercusión que pueda tener ahora. Pero en esa reunión ya lo daban por hecho; el proyecto estaba simplemente cerrado y no había margen de negociación ninguna».

«Un poco de reflexión»

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) recoge en su página web la propuesta de la Administración y un comunicado en el que pide «un poco de reflexión».

«Se trata, en esencia, -dice la nota en relación con el proyecto- de concentrar las principales funciones de gestión y recaudación tributaria y a los efectivos humanos que prestan dichos servicios en unos pocos centros territoriales (99) de mayor tamaño, dejando a las restantes administraciones (102) un papel secundario y residual. El proceso comenzaría con la firma de la correspondiente Resolución prevista para el 1 de enero de 2007 y se concibe como un proyecto a medio-largo plazo por la necesidad de habilitar los correspondientes medios materiales y humanos. La gestión de las actividades económicas de personas físicas, empresarios y profesionales y contribuyentes en módulos se trasladaría a determinadas administraciones alejadas del domicilio de los afectados. Además, ello obligaría a muchos empleados públicos a desplazarse de su actual puesto de trabajo generando importantes problemas de desarraigo y conciliación de la vida personal y familiar», dice literalmente.

A juicio de GESTHA, «el proyecto puede perjudicar gravemente el servicio que se presta a los contribuyentes y la gestión y el control de actividades económicas, lo que en última instancia afectaría negativamente al control del fraude fiscal y la economía sumergida».

Este sindicato opina también que la Agencia Tributaria pretende ahorrar costes de gestión mediante la aplicación intensiva de las nuevas tecnologías de la comunicación por vía informática y electrónica, uso de Internet, atención telefónica, etc.

«GESTHA estima que, con este proyecto, los servicios de control, asistencia e información se alejan del domicilio fiscal de los contribuyentes al prestarse desde centros ubicados a mayor distancia física, lo que supone mayores obligaciones y costes de desplazamiento para el ciudadano. No se puede imponer a los ciudadanos la distancia física y el manejo de nuevas tecnologías y, además, hacerles cargar con el coste de los mismos».

El informe de CSI-CSIF

En la misma línea se pronuncia el Sector Nacional de la Agencia Tributaria del CSI-CSIF en su página web, donde se puede acceder a un informe que valora los efectos que tendrá la reorganización propuesta.

Dice este sindicato que es perceptible «la preocupación que la reforma esta creando, tanto en los propios ciudadanos como en diferentes asociaciones empresariales, de comerciantes, de pequeños agricultores y de asesores fiscales y gestores administrativos» y advierte de que «de nada pueden servir las informaciones parciales y sesgadas cuando se evidencia que la reforma propuesta supone un atentado contra los derechos de un elevado número de ciudadanos que residen lejos de las capitales de provincia y que, sólo por esta causa, pueden sufrir múltiples perjuicios».

«Los trabajadores por cuenta -añade- ajena deberán desplazarse más lejos de lo habitual, y por tanto, durante más tiempo, para atender algún problema o discrepancia en su declaración de la renta, necesitando permisos de su empresa. Los empresarios y profesionales, pertenecientes en muchos casos a la pequeña y mediana empresa, están acostumbrados a autogestionarse, con lo que la medida supondrá mayores costes, tanto por los desplazamientos, como por la utilización de asesores fiscales que se verán obligados a incrementar sus honorarios».

Lo que dice el Gobierno

La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, dependiente con el Ministerio de Presidencia, ha respondido hasta ahora a dos preguntas formuladas por el diputado Francisco Rodríguez Sánchez, del Bloque Nacionalista Gallego,en relación con el proyecto de reforma de la Agencia Tributaria (25-11-2005 y 1-12-2005). También el diputado del PP por Valladolid, Tomás Burgos, ha elevado una pregunta al Gobierno sobre la reestructuración. Está aún no ha sido contestada. La Respuesta del Gobierno a las dos primeras preguntas, aparte de las alusiones a los municipios gallegos que se verían afectados, dicen lo siguiente con carácter general:

«La Agencia Tributaria tiene en estudio la reorganización territorial de las Administraciones con el fin de adecuar la estructura territorial a la actual realidad socioeconómica y a los recursos existentes en la Agencia, de forma que se maximice la eficacia y eficiencia de sus actuaciones. En todo caso, se pretende mantener el máximo nivel de servicio al contribuyente en las tareas de información y asistencia y mejorar la eficacia en la lucha contra el fraude con una mayor especialización».

«La propuesta de reorganización que se está estudiando es consecuencia de una de las medidas previstas en el Plan de Prevención del Fraude Fiscal, que establece que se debe definir el papel de las Administraciones de la Agencia, en el contexto de la regionalización de sus competencias y en el ejercicio de las funciones de control tributario, especialmente en el ámbito de las actividades empresariales y profesionales».

«En la propuesta no se plantea el cierre de ninguna Administración no urbana. Lo que se plantea es una distribución del trabajo de las oficinas más adecuada a las circunstancias económicas, geográficas, demográficas, etc. de cada territorio, que facilite un mejor cumplimiento a la Agencia de sus funciones. Esta reordenación del trabajo afecta fundamentalmente a las tareas de control de las actividades económicas, manteniéndose en todas las Administraciones los servicios de información y asistencia al contribuyente, es decir, la recepción de documentos, declaraciones, escritos, o la asistencia en campaña de renta.

«Hasta que se complete el proceso, se prevé un periodo transitorio dilatado durante el cual se irán efectuando los ajustes que sean necesarios en el funcionamiento de las Administraciones, entre ellos en los que puedan afectar a la composición de las plantillas. En este sentido, el movimiento se haría mediante traslados voluntarios, respetando retribuciones y condiciones laborales».

«Durante el periodo transitorio, las Administraciones mantendrán sus funciones adecuadas a los medios disponibles, de forma que se evitarán, en todo caso, situaciones de subactividad».

«Se ha informado de este plan a las organizaciones sindicales y a los representantes de los trabajadores»

«Por último, en el mencionado estudio se contempla que las declaraciones informativas se podrán presentar en todas las Administraciones de la Agencia Tributaria».