Castilla y León se incorpora a la licencia interautonómica de caza y pesca: un solo trámite y una tasa compartida para 10 comunidades
El convenio alcanzado entre el Gobierno y diez comunidades aporta simplificación administrativa al permitir usar una licencia para todo el territorio firmante
Las licencias tendrán un año de validez y un coste fijo de 70 euros para la caza y 25 euros en pesca de aguas interiores

Un cazador, durante una jornada de caza. / Ical
ICAL
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación anunció hoy la firma de un convenio con Castilla y León, y otras nueve comunidades autónomas, para el establecimiento de las licencias interautonómicas de caza y de pesca en aguas continentales.
Gracias a este acuerdo, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las personas cazadoras y pescadoras podrán practicar estas actividades en todo el territorio abarcado por las comunidades firmantes utilizando una única licencia, sin necesidad de realizar trámites individuales en cada comunidad.
El presente convenio, que sustituye al marco legal de 2017, supone un avance “muy significativo”, según fuentes ministeriales, al incorporarse las comunidades de Castilla-La Mancha y Andalucía, que no suscribieron el anterior. Además de Castilla y León, repiten Aragón, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Principado de Asturias y Región de Murcia.
El convenio establece un marco de colaboración técnica y económica para facilitar la movilidad de los usuarios. Las licencias que se expidan tendrán un año de validez y un coste fijo de 70 euros para las de caza y 25 euros para las de pesca en aguas interiores. Las inhabilitaciones por infracciones en una comunidad serán compartidas automáticamente en todas las demás.
La operatividad del sistema se apoya en la plataforma ‘Licicaz-web’, desarrollada y mantenida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta herramienta permite un intercambio automático de información entre las administraciones y permite a los técnicos gestionar altas, bajas y verificar requisitos en tiempo real.
“Esta medida no solo reduce la burocracia, sino que garantiza una gestión sostenible y compatible con el dinamismo económico de las zonas rurales y responde a los principios de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”, concluyó el Ministerio.
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