UPA reclama a la Junta que clarifique si han sido atendidos los recursos presentados por los ganaderos afectados por la EHE

UPA reclama a la Junta de Castilla y León que clarifique si se han atendido los recursos presentados en su día por los ganaderos de la Comunidad cuya explotación se vio afectada por la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE). Más de dos años después de la presentación de un recurso al defectuoso pago del primer bloque de ayudas de la EHE, denuncian que aún no se ha remitido una resolución al recurso presentado por los ganaderos, y que desconocen si la alegación ha sido atendido y en qué medida.

En un comunicado difundido por Ical, UPA entiende que no están atendidos todos los recursos, dado que la Junta ha hecho un pago complementario a 483 beneficiarios, que no es el cien por cien de los casos, puesto que según datos de la propia Junta de Castilla y León se presentaron más de 600 recursos, y en este pago hay ganaderos afectados en sucesivas listas de ayudas.

“Como no se ha emitido resolución del recurso presentado, lo único que tiene el ganadero es esa lista donde viene el importe percibido, el importe que debería haber recibido y por lo tanto el importe que ahora le reconocen. El método de la Administración regional, lejos de aclarar el estado de la resolución y del recurso en sí, lo que hace es dificultar la labor de los propios ganaderos, que tienen que estudiar dicho recurso y comprobar si lo que en la resolución figura es consecuente, puesto que de lo contrario tendrán que presentar un nuevo recurso en el plazo de un mes”, censuran.

UPA considera que esta forma de proceder de la Junta, con nuevos listados de pagos sin atender y clarificar cuál es el estado del recurso, no es lo más adecuado puesto que “crea una incertidumbre e indefensión hacia los ganaderos, que tienen todo su derecho a que se les reconozca lo que les pertenece”.

Además, apuntan que los recursos vuelven a tardar dos años y medio en ser atendidos, lo que significa que transcurrirá cerca de un lustro para cobrar lo que por derecho le corresponde a los ganaderos afectados. “La demora de tanto tiempo es incomprensible y atenta al servicio público que una Administración debe prestar con diligencia”, completan.