Suárez-Quiñones espera recuperar la gestión del lobo en Castilla y León

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, confía en que la votación en el Congreso de los Diputados de mañana jueves devuelva la capacidad de gestión del lobo a manos de las comunidades autónomas. Una gestión que apuesta, en el caso de la Junta de Castilla y León, no por cazar al lobo, sino por "buscar un equilibrio entre su protección y la ganadería extensiva y semiextensiva".

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La decisión quedará en manos de los parlamentarios de la Cámara Baja después de que el Senado aprobase la enmienda del Partido Popular a la ley de Desperdicio Alimentario que busca revertir la orden ministerial que abocó a la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Una votación a la que asistirá este jueves desde la tribuna de invitados Suárez-Quiñones, junto a homólogos de otros gobiernos regionales al norte del Duero.

El consejero ha recordado que la falta de gestión autonómica ha tenido "muy malas consecuencias" abocando al "abandono de los pueblos. Y eso es el peor enemigo de la propia naturaleza: incendios, falta de control, desabastecimiento". Al tiempo, precisa que la enmienda no aboga por la desprotección del cánido, sino por garantizarle una "protección simple que es compatible con proteger a nuestra ganadería".

Sobre la mesa, una vez más, el aumento de los daños al ganado que solo el año pasado se tradujo en la muerte de 6.000 reses en Castilla y León, un 40% más desde el año 2021.

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Aumento del censo europeo

Europa es una excepción en la tendencia poblacional al registrar un incremento del 60% de sus poblaciones de lobos en la última década frente al declive anotado a nivel mundial. Así lo pone de manifiesto un estudio liderado por la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, publicado por PLOS Sustainability and Transformation. Únicamente tres de los 34 países europeos analizados reportaron un descenso en el número de cánidos.

Un informe que también hace constar el gasto en indemnizaciones a los ganaderos afectados por los ataques y que asciende a los 17 millones de euros anuales por país para hacer frente a la pérdida de 56.000 animales domésticos.

La actuación en los datos llega un mes después de la entrada en vigor de la rebaja de protección del lobo en Europa tras la decisión adoptada Comité Permanente del Convenio de Berna, el censo actualizado vuelve a evidenciar el aumento de las poblaciones de cánidos.