Hasta cinco años para cobrar los expedientes de mejora e incorporación agraria

La Alianza UPA-COAG reclama a la Junta de Castilla y León que agilice la resolución de expedientes de mejora e incorporación agraria tras constatar "varias" incidencias de casos "paralizados en los despachos oficiales" y que se retrotraen en algunos casos a la campaña 2019.

La organización alude a la "falta de diligencia y agilidad" por parte del Gobierno regional a la hora de abonar los expedientes: por un lado hay expedientes de mejora sin resolverse, y por otro lado expedientes de incorporación con la misma suerte. La Alianza recuerda al tiempo que se dan supuestos en los que el impago es de una de las dos líneas para aquellos que han hecho el expediente conjunto, y por lo tanto han recibido lo correspondiente a la incorporación pero no a la mejora.  

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Una situación que, aseguran únicamente contribuye a "desilusionar y desincentivar la llegada de jóvenes al sector agrario, y redimensionar las explotaciones y hacerlas más viables". La situación económica también ocasiona un problema la espera de los abonos correspondientes y que ha llevado a algunos de los beneficiarios pendientes de resolución a recurrir a préstamos bancarios ante la tardanza en dicha resolución que los aboca a una "asfixia económica".

Por todo ello, la Alianza UPA-COAG reclama a la Consejería de Agricultura a que "presione" a las instancias económicas de propio gobierno autonómico para que agilice los pagos pendientes a los profesionales del sector que están constatando "retrasos incomprensibles" a la hora de que vean abonadas esas ayudas con resoluciones aprobadas como es el caso en muchos de los expedientes. 

Recordando la promesa realizada por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, sobre la apuesta para incentivar la incorporación de los jóvenes al sector agrario, la Alianza pide que se demuestre ese compromiso mediante la solución a los problemas detectados y procediendo a la agilización del pago de los expedientes.

Por último, recuerdan que "una mala gestión de los fondos de esos PDR puede afectar a futuros presupuestos y que el dinero que no seamos capaces de invertir en Castilla y León corra el peligro de destinarse a otras regiones que demuestren más eficacia".