Las hemorragias no curan con tiritas

No valen tiritas cuando la herida mana desbocada por un corte jamonero. Hay que tapar, apretar y ponerse en manos de un médico especialista y si hay que transfundir sangre, pues que se haga. El ámbito rural que se acurruca en la España vacía no va a frenar su caída porque choque contra una rama. El Estado español tiene que aplicarse a la tarea y afrontar como problema nacional lo que es tal. Si seguimos con las gasas, la hemorragia acabará inundando los huecos por donde respira el territorio menos poblado, estrangulará los espacios descontaminantes y matará el futuro del país.

2023 es el año de las expectativas, de las elecciones y de los cambios. Tiene que ser también el que abra un debate nacional, serio y urgente, sobre la necesidad de frenar el deterioro del ámbito rural, que ocupa el 70% del territorio nacional y donde vive solo el 20% de la población del país. Vistos los resultados, es manifiesto el fracaso de la ley de 2007 sobre desarrollo sostenible del medio rural y de los programas ligados a ella porque la caída poblacional sigue en picado.

La normativa aprobada durante el mandato de Zapatero, que ya ha llovido, nació muerta porque los legisladores dieron más importancia al adjetivo sostenible que a la necesidad de desarrollo. Está claro que la ley no ha potenciado la prestación de unos servicios públicos básicos de calidad y que la educación, la sanidad y la seguridad ciudadana en los pueblos están peor ahora que hace quince años. Los habitantes del ámbito rural no han dado ese salto cualitativo en su nivel de desarrollo que se les suponía tras la aplicación de la norma. Todo lo contrario.

La despoblación es un AVE que circula a 300 kilómetros por hora y los pueblos se están muriendo a marchas forzadas. El apellido sostenible triunfa sobre el desarrollo y debe ser por eso por lo que no se reconoce la labor descontaminante del ámbito rural y sí es obligatorio, entre otros mil ejemplos, el permiso del Estado para podar tus propios árboles (encinas, nogales…) o para mover piedras en espacios protegidos.

Lo que ha ocurrido con la normativa durante la pandemia de Covid ha sido sangrante y es también lo que está sucediendo con otras leyes que aprueban parlamentos urbanitas pensando solamente en el ámbito urbano.

La ley de 2007 sobre desarrollo sostenible del ámbito rural está muerta porque no ha servido para corregir diferencias y sí para agrandarlas. ¡A ver si los parlamentos tienen en cuenta alguna vez a quienes viven –o sobreviven- en los pueblos! Milagro sería.