El Consejo de Ministros ha aprobado ayer un Real Decreto que establece las bases regulatorias para la nueva Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) en el marco de aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) que cuenta con un presupuesto de 202,1 millones de euros anuales entre 2023 y 2027.
Con la aprobación de este texto legislativo, el Gobierno establece la normativa básica nacional para las ayudas al sector vitivinícola, en la que se adaptan los tipos de intervención a las exigencias medioambientales y de adaptación al cambio climático que marca la nueva PAC.
La portavoz del Gobierno , Isabel Rodríguez, destacó la “gran relevancia económica” que tiene el sector del vino en España, así como su importancia a la hora de fijar población en el territorio.
“El sector del vino español genera medio millón de empleos, es el tercer productor mundial y el segundo país exportador”, recordó la portavoz tras el Consejo de Ministros. El objeto de esta intervención sectorial es atender las necesidades detectadas en el sector del vino en España, aumentar su competitividad, y adaptarlo a los nuevos objetivos de la PAC en cuanto a lucha contra el cambio climático, mejora del medio ambiente y sostenibilidad.
De esta forma, los tipos de intervención elegidos por España para cumplir con los objetivos específicos para el sector del vino son la reestructuración y reconversión de viñedos, las inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícolas, así como en estructuras e instrumentos de comercialización.
También están recogidos la cosecha en verde, la destilación de subproductos de la vinificación y las actividades de promoción y comunicación en terceros países.
