Si alguien aliviaba su alma con el argumento de que los incendios forestales solo provocan daños materiales y pérdidas, poco visibles, en la biodiversidad, se acaba de caer del caballo. Ya tenemos muertos y heridos sobre la mesa y los fuegos no paran, ya se han convertido en materia penal. No puede ser una casualidad que de las noventa mil hectáreas quemadas desde el inicio del año en España, cerca de la mitad sean de la provincia zamorana. No pueden querernos tan mal el cielo y el destino. Tiene que haber responsables (por acción y por omisión) y hay que ir a buscarlos entre quienes tienen intereses bastardos y en los despachos, aquellos que gestionan mal los presupuestos públicos. Algo o mucho está fallando.
En vez de poner en marcha una política eficiente, se ha dedicado a rezar para que lloviera
Que hay cambio climático, es un hecho; que estamos viviendo unas condiciones atmosféricas extraordinarias, es verdad. Pero todo eso no pule las aristas de la tragedia. Es tanto el dolor que necesitamos encontrar a quien señalar con el dedo. Y claro donde primero hay que mirar es a la Junta de Castilla y León, esta institución tiene la obligación de gestionar la política medioambiental, de evitar y apagar los incendios. No lo está haciendo bien porque ha tenido muchos años para rectificar y no lo ha hecho. En vez de poner en marcha una política eficiente, con medios de prevención rápidos, aplicando nuevas y viejas técnicas, se ha dedicado a rezar para que lloviera.
Se juega la vida por cuatro meses de trabajo al año y poco más de mil euros al mes
Tampoco la sociedad, en general, y los medios de comunicación están libres de culpa. Repiten lo de la Junta: montes y bosques solo existen en verano, cuando se queman. ¡Pero si hasta la terminología al uso se tergiversa! Que le pregunten a muchos periodistas de medios nacionales la diferencia entre incendios provocados (todos, por una u otra causa, a veces por negligencias) y los intencionados (por la voluntad humana). Lo acaban de publicar muchos medios: muere un brigadista en Ferreruela. No, señores, no era un brigadista, era un peón de montes, categoría laboral que se juega la vida por cuatro meses de trabajo al año y poco más de mil euros al mes.
Y ya lo de Sánchez es para enmarcar: “Hay que convertir las políticas medioambientales en políticas de Estado para evitar estos incendios”. Madre míaaa... Las políticas de Estado llevan años echando a la gente de los pueblos, del ámbito rural. A las políticas de Estado le preocupan más los bichos que las personas. Ese es el quid de la cuestión. Que cada vez vive menos gente en el ámbito rural y que hasta las cabras se han esfumado. Nadie limpia y todo el monte es una cerilla. ¿Cuándo se va a empezar a hablar de ordenación territorial en España?
