Impulso a la competitividad y modernización del sector agrario

Se trata del “Plan de Impulso a la Sostenibilidad y Competitividad de la Agricultura y Ganadería”, II y III, inversiones C3.I3 y C3.I4, contempladas en el componente 3 del PRTR que gestiona el MAPA y que tiene como objetivo “adoptar las reformas estructurales necesarias para promover un cambio en el modelo de producción agrícola y ganadera que mejore su sostenibilidad en términos medioambientales, económicos y sociales”.

Para ello, se transferirá las cantidades correspondientes a las comunidades autónomas, que serán las competentes para convocar las ayudas. En este sentido, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada el pasado 21 de octubre se acordó la distribución de la primera anualidad, para el ejercicio de 2021, dotada con un total de 115,3 millones de euros. Previamente, el Consejo de Ministros autorizó la territorialización de estos fondos en su sesión del 19 de octubre.

El Ministerio de Agricultura resaltó que “la movilización de un volumen tan importante de recursos abre una oportunidad extraordinaria para el sector agrícola y ganadero, que permitirá no solo la superación de la crisis y la recuperación del empleo, sino que facilitará la modernización del sector primario, con el objetivo de que dicha recuperación sea verde, digital, inclusiva y social”.

Castilla y León

Castilla y León recibirá este año más de 9,3 millones para inversiones en agricultura de precisión, eficiencia energética y economía circular y 1,12 millones para actuaciones de bioseguridad en sanidad animal y vegetal. El Consejo de Ministros aprobó hoy dos reales decretos por los que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para sendas líneas de inversiones destinadas a la transformación ambiental y digital del sector agrícola y ganadero que suman un total de 345 millones de euros entre los años 2021 y 2023. Estas subvenciones financiarán actuaciones contempladas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), por lo que serán financiadas con fondos del instrumento europeo de recuperación Next Generation EU.

De esta forma, se contemplan 3,83 millones para inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería; 302.252 euros para transformación integral y modernización de invernaderos; 648.332 euros para inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola), y 4,53 millones para agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero. 

El Gobierno destacó que este paquete de estímulos está destinado a promover la inversión privada contribuirá a mejorar la resiliencia del sector y su competitividad, al tiempo que se favorece la consecución de los objetivos del clima, la conservación del medio ambiente y la descarbonización del sector agrícola y ganadero. Las actuaciones previstas tienen como elemento central cuatro programas de apoyo para la ejecución de proyectos de inversión, cuyo objetivo es acelerar la transformación del sector agrario facilitando la adopción de las reformas estructurales necesarias y alcanzando un nivel de inversión que promueva el cambio en el modelo de producción agrícola y ganadera con resultados beneficiosos para la sociedad, la economía y el medioambiente.

Serán subvencionables las actuaciones que se realicen y cumplan los requisitos establecidos hasta la finalización, el 31 de diciembre de 2023, de la vigencia de los programas. Los beneficiarios de estas ayudas podrán ser titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas, así como empresas de servicios agronómicos. Cuando se trate de inversiones colectivas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, o sin personalidad propia de acuerdo con los términos previstos en el artículo 67.2 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre que integren un mínimo de cinco titulares de explotación; y cualquier organización o asociación de productores reconocida por la autoridad competente cuyos miembros sean titulares de una explotación agropecuaria. Igualmente, se prevé el apoyo a inversiones realizadas por consorcios u otra forma de colaboración público-privada, siempre que las actuaciones se destinen a un uso en común y redunden en beneficio de explotaciones agrícolas y ganaderas concretas, cuyos titulares habrán dado su consentimiento para que dichos entes soliciten la ayuda. 

Bases reguladoras

Las bases reguladoras permiten que sean las comunidades autónomas quienes ejecuten las actuaciones objeto de las ayudas, a través de las inversiones directas que pudieran efectuar con cargo a los créditos territorializados por el MAPA, y de acuerdo con la previa reserva de presupuesto que pudieran establecer.  En la concesión de las ayudas se priorizarán, con carácter transversal, los planes de inversión conjuntos que integrarán un mínimo de cincos solicitudes de proyectos de inversión y las inversiones colectivas promovidas por parte de entidades asociativas y empresariales del ámbito agrario reconocidas. Además de aquellos solicitantes que tengan la condición de joven agricultor o pertenezcan a una entidad asociativa prioritaria, y las explotaciones en titularidad compartida de acuerdo con la Ley 35/2011, de 4 de octubre. 

A estos criterios generales, se suman otros específicos en función de cada uno de los cuatro programas de apoyo que persiguen priorizar cuestiones como la concesión de ayudas a proyectos de inversión que propicien el uso en común redundando en un mayor impacto de las acciones o que favorezcan la sostenibilidad medioambiental e impulsen la competitividad del sector agrario.