Ical
Asaja alertó ayer que la proliferación de macroparques solares de energía fotovoltaica en Castilla y León “expulsa” a los agricultores y ganaderos, a los que se les corta el acceso a la base principal de sus explotaciones, que son las tierras. No en vano, estos proyectos ocupan cientos de hectáreas dedicadas tradicionalmente a cultivos y aprovechamiento para pastos ganaderos. “Se rompe la cadena de siglos de aprovechamientos tradicionales que han mantenido y cuidado el medio ambiente, además de contribuir a fijar población rural”, subrayó.
La organización agraria apuntó que, además, estos proyectos tienen un “tremendo” impacto ambiental que deteriora la calidad de vida tanto de los vecinos de los propios pueblos, como de los posibles demandantes del turismo rural y de interior. También, hizo referencia al despliegue de redes kilométricas, previa expropiación forzada de tierras, que precisarán las plantas para evacuar la electricidad hasta las ciudades, principales demandantes del recurso. Redes que, al igual que los propios parques, suponen un enorme impacto ambiental para la flora y fauna de las zonas que atraviesan.
Asaja lamentó que se desprecien los empleos que estas iniciativas hacen “tambalear”, vinculados a la agricultura y la ganadería, y al turismo de interior, en aras de otros trabajos muy puntuales y que casi nunca llegan a la población local, que son los que ofrece este tipo de proyectos energéticos.
Ante esta situación la organización se opuso, con carácter general, a los macroparques fotovoltaicos, por lo que reclamó a la administración que aplique la normativa “con rigor” y no haga “manga ancha” para dar paso a expedientes de cambio de uso o para eludir problemas de impacto ambiental”. En este sentido, recordó que un caso específico es el de los montes de utilidad pública que administra la Junta.
