La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha pedido un apoyo “incondicional” a la agricultura y ganadería familiar que desarrolla su actividad en el medio rural. Debido a ello, esta organización agraria ha pedido a las administraciones la definición de la figura del agricultor y ganadero para que se les priorice a la hora de establecer medidas de apoyo específicas “para los verdaderos profesionales del sector” en el momento del reparto de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

“Más importante que un reparto territorial es un reparto de los recursos que llegue a los que verdaderamente lo necesitan”, aclaró la organización agraria a través de un comunicado, en el que incidió en que estos son aquellos agricultores y ganaderos que “viven prioritariamente de su explotación”.

La organización considera que la agricultura y ganadería profesionales necesitan las ayudas de la PAC frente a un mercado “volátil y desequilibrado”, además de que inciden en que se trata de un sector “estratégico” que hay que “proteger y fortalecer”. Por todo ello, UPA en Castilla y León estima que lo importante ahora es centrar los esfuerzos en cómo se diseñan las ayudas de la PAC en España para el nuevo periodo.

Los agricultores y ganaderos de Castilla y León reciben unos 1.100 millones de euros en ayudas directas anuales y 1.822 millones de euros dentro del Programa de Desarrollo Rural, en este caso en el periodo 2014-2020, por lo que en el nuevo marco europeo para el periodo 2021-2027 que se ha hecho público recientemente se augura que se recibirán importes similares a expensas de conocer el reparto que se haga a nivel nacional.

Según los cálculos de UPA, estas proyecciones de presupuesto se hacen a precios corrientes, es decir, sin tener en cuenta la inflación. Si se hacen a precios constantes, teniendo una inflación media del dos por ciento anual, al final del periodo (año 2027) se acumulará una disminución del presupuesto del diez por ciento.

Zamora se trata de la provincia que mayor número de solicitudes de la PAC ha presentado en toda Castilla y León. Un total de 9.568 que, por motivo de la pandemia del COVID-19, se han realizado de manera telemática.