Las organizaciones agrarias no tienen ninguna duda de que el acuerdo alcanzando en Bruselas, con recortes se llegan a cifrarse de hasta el 13,3% de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) y del Fondo de Transición Justa complicará aún más la vida del sector y arrastrará al futuro cierre de explotaciones.

El Fondo de Transición Justa pasa de los 30.000 a los 10.000 millones de euros tras cuatro días de intensas negociaciones, los 27 acordaron poner en marcha un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros financiado con la emisión de deuda común y un presupuesto de 1,074 billones de euros para el periodo 2021-2027.

El sindicato agrario COAG, la organización profesional agraria más representativa en la provincia de Zamora, calificó el acuerdo alcanzado por los jefes de gobierno europeos como "una traición" a la agricultura y la ganadería, que no respalda el trabajo desarrollado por los profesionales del campo en los peores meses de la pandemia para abastecer de alimentos a la población. COAG ha traducido el recorte a la PAC a euros, y calcula que los agricultores y ganaderos de Castilla y León perderán 784 millones durante todo el periodo 2021-2027, sin contar con el efecto de la inflación.

El secretario general de COAG Zamora, Lorenzo Rivera, iba más allá y decía que a pesar de la alegría que muestra el Gobierno de España por los 140.000 millones de euros que recibirá España en transferencias y préstamos, el hachazo a la política agraria supone "una derrota para España y para Francia, que son los mayores receptores" de los fondos agrarios. El líder zamorano cree que una vez más "se impone el criterio de los países del norte, cuyo sector primario no tiene tanto peso en el PIB como en el caso de los mediterráneos, y donde el peso político que tienen los partidos verdes en sus respectivos parlamentos nacionales determina un enfoque de las políticas europeas que prima más la protección del medio ambiente que el sostenimiento de las explotaciones agrarias o la soberanía alimentaria de la UE", explica el sindicalista en declaraciones a este diario. De esta forma, en opinión de Lorenzo Rivera, la Unión Europea "demuestra hipocresía al decir que se nos apoya mientras nos recortan las ayudas".

El líder de COAG en Zamora señala que a este recorte en las ayudas se añadirá en los próximos años "un descenso de los rendimientos de las explotaciones agrarias porque se nos van a exigir más condiciones para luchar contra el cambio climático y para alcanzar los objetivos del pacto verde, que nos va a suponer pérdidas económicas al reducir el uso de fitosanitarios, fertilizantes y antibióticos". Rivera augura un horizonte en el que la producción de alimentos en Europa "no será suficiente para satisfacer a una población de 500 millones de personas, que además va en aumento, parece que esto no lo han calculado" y prevé que Europa tendrá que aumentar las importaciones de comida. En este sentido, Rivera critica que "se regula más a los productores que a los fondos de inversión que especulan con los alimentos".

A partir de aquí, el sindicato estará atento a la definición de agricultor genuino "para ver cómo se reparten las ayudas y quién va a soportar el recorte" algo que "volverá a provocar discrepancias entre territorios".

El secretario regional de la Unión de Pequeños Agricultores, Aurelio González, cifra la pérdida de las ayudas al sector agrario en un 10% para el periodo 2021-2027 teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumo (IPC) por lo que exigen tener en cuenta "la máxima de hacer un reparto justo".

En opinion de González "el reparto de la rebaja o de la merma no tiene que repercutir en los agricultores y ganaderos que viven exclusivamente del sector y que pagan la Seguridad Social", debe hacerlo en aquellos que tienen otra actividad y que se dedican a la agricultura o la ganadería a tiempo parcial. También considera que se debe discriminar las ayudas en los cultivos superintensivos, y que no necesitan tanto de estas ayudas para sobrevivir.

El presidente provincial de Asaja, Antonio Medina, calificó el acuerdo de "nefasto para el campo". Afirma que "suponíamos que iba a darse un recorte, pero no de este alcance. Aunque repara en que "la cosecha ha sido buena" este año, hace hincapié en que los costes son muy altos y los precios bajos, así que con los recortes de hoy apaga y vámonos". A su criterio "no desaparecerán explotaciones de golpe y porrazo" pero teme que tendrán lugar porque presagia que a partir del 2023 se impondrán más requisitos medioambientales haciendo inviable la agricultura. "Este acuerdo es un jarro de agua fría y es perder mucho dinero. Se notará en la compra de maquinaria, de utensilios? La gente va a hacer cuentas. Con la pandemia solo ha bajado el combustible, que ahora vuelve a subir, todo lo demás es caro. La nueva PAC, a partir de 2023, va a dar más peso ecológico y veo que, este Gobierno y quien sea, el sector está abandonado. Habrá que ir tratando de pagar impuestos e ir sobreviviendo. Habrá cuatro productos puntuales, pero no van a ser rentables". Las cuentas no cuadran en una comunidad que es cerealista y con pequeñas explotaciones.

El acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo en la madrugada del martes prevé que de los 750.000 millones del fondo de recuperación, 390.000 millones se desembolsen en subvenciones a fondo perdido y 360.000 millones en préstamos, lo que supone un recorte de las primeras y un aumento de los segundos frente a la propuesta inicial de la Comisión de otorgar 500.000 millones en ayudas directas y 250.000 en créditos.

Es el resultado de las concesiones que la mayoría de socios han tenido que hacer para conseguir luz verde de los autodenominados "frugales" -Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia-, a los que se sumó Finlandia, que han conseguido recortar el volumen de ayudas, tener mayor control sobre las mismas y mantener sus descuentos en la contribución al presupuesto. Estos fueron los puntos más controvertidos, junto a la propuesta para vincular la recepción de fondos del presupuesto al respeto al Estado de derecho, de una negociación que por momentos se tornó muy tensa.

Los grandes países, Alemania, Francia, Italia y España, como la mayoría, querían como mínimo 400.000 millones de euros en subvenciones, mientras que los frugales pedían 350.000 millones.