15 de febrero de 2017
15.02.2017
Al grano

Todos los cazadores a la cárcel

El diferente rasero de la Administración regional a la hora de aplicar las normas

17.02.2017 | 00:41
Todos los cazadores a la cárcel

Dice la Constitución española y el resto de corpus legales vigentes en el mundo que todos los seres humanos, una vez parcelados por territorios, son iguales ante la ley. Mentira, todos sabemos que no es así. El lugar de nacimiento, la familia en la que se crezca, el género, la condición sexual, el poder económico y hasta el coeficiente intelectual marcarán los derechos y obligaciones de cada cual, ¿a qué sí? Es evidente. Y todos lo aceptamos como normal, aunque no lo sea.

Más difícil de entender aún es que los habitantes de un mismo marco geográfico, amparados por un único proyecto de país, nación, comunidad o lo que sea, sean discriminados por el lugar en el que vivan y hasta por sus modos de existencia y aficiones. Los derechos y obligaciones de las gentes que residen en la ciudad y en el medio rural no son los mismos. Los segundos tienen muchos menos derechos y más obligaciones.

No tiene el mismo tratamiento legal la propiedad en una ciudad que en un pueblo y aún hay más diferencia si el municipio está enclavado en un espacio con cualquier tipo de protección, figura que es aprobada, claro, desde los parlamentos de las ciudades.

Ejemplos de esta discriminación hay un montón. Aquí va uno solo: los propietarios de fincas en los pueblos tienen que pedir permiso a la Administración para podar sus árboles o incluso mover piedras, las que están en sus parcelas, si viven en municipios con alguna singularidad.

Pero hoy quiero apuntar en otra dirección. Imagínese que en el edificio en el que usted vive en la ciudad se comete un asesinato y llega el juez y manda a la cárcel a todos los vecinos del bloque. ¿Qué no puede ser? Pues sí. El juez va a justificar su decisión alegando que es una medida de protección, para que no haya más vecinos dañados (¿).

Salvando las distancias, así está ocurriendo cuando aparecen animales de especies protegidas muertos de forma violenta, como rapaces en cotos de caza (hay seiscientos en la provincia). ¿Saben lo que hace la Administración regional? Cerrar los cotos durante cinco años, prohibir la caza. Da igual que los animales muertos hayan sido colocados allí con algún interés por los del coto de al lado, por un descerebrado o por el sursuncorda. No hace falta investigar, todos culpables. ¿Pero si eso no tiene justificación jurídica? No hay culpable identificado. Ya, ya, pero la prohibición no es un castigo, es para que se recuperen las especies. Tócate las narices, por no decir otra cosa.

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