La organización Asaja de Castilla y León valoró ayer como un aspecto negativo el cambio referente al tratamiento que recibe el agricultor activo en la Política Agraria Comunitaria (PAC) de 2017. Por ello, criticó que se deje atrás el trabajo de varios años para que Bruselas concentre las ayudas en el agricultor y ganadero verdaderamente profesional, "después de que en la última reforma se había avanzado un poco". El plazo para solicitar las ayudas PAC se inicia hoy.

En este sentido, expuso que, por el contrario, en 2017 "se flexibiliza" la exigencia a los beneficiarios incluidos en la lista negativa que no cumplan el requisito de contar con unos ingresos agrarios, distintos de los pagos directos, que supongan al menos el 20 por ciento de los ingresos agrarios totales. "De esta forma se les pasa a considerar como una situación de riesgo, exigiéndoles que demuestren que ejercen la actividad agraria y asumen el riesgo empresarial por la actividad que desempeñan", dijo Asaja.

En la misma línea, se posibilita que las personas físicas puedan recibir pagos directos de la PAC, aunque desarrollen determinadas actividades excluidas en principio de la percepción de las ayudas, si están dados de alta en el Sistema Especial para Trabajadores Agrarios de la Seguridad Social. Igualmente, Asaja indicó que se establece que, a efectos de las actividades consideradas no agrarias, se tendrá en cuenta no solo al solicitante, sino a las entidades asociadas vinculadas con el mismo, incluyendo en la solicitud única una nueva declaración expresa por parte del solicitante, relativa a si tiene o no relación con alguna entidad asociada. Asaja lamentó por ello este "viraje hacia la desprofesionalización, que defienden en otros países europeos".