El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León aseguraba ayer en Zamora que está "dispuesto" negociar al alza la cuantía de las indemnizaciones a los ganaderos por los daños producidos por el lobo "aunque suponga un incremento del esfuerzo económico por parte de la Junta". Suárez-Quiñones recordó que las indemnizaciones se pagan en función de unas tablas que ya se negociaron en su momento, no obstante entiende que hay que "sentarse y volver a valorar si esas cantidades son las más adecuadas". En este sentido, el consejero cree que la cuantía tiene que ser "justa en cuanto al daño producido", y por eso está de acuerdo en la necesidad de tener en cuenta "el lucro cesante producido por esos daños".

Así mismo, Suárez-Quiñones recordó que desde la entrada en vigor del nuevo Plan de Conservación y Gestión del Lobo el pasado mes de junio las indemnizaciones se pagan en un plazo de 15 días de media, en contraste con el antiguo sistema de expedientes de responsabilidad patrimonial, que se tardaban en resolver entre 11 y 15 meses.

Por otro lado, el consejero reiteró la disconformidad de la Junta con la Directiva Hábitat que protege al lobo ibérico al sur del río Duero, y expresó su intención de "unir a todo el sector, a todas las organizaciones agrarias sin exclusión, para que cuando haya nuevo Gobierno de la nación, en el primer día de ejercicio profesional del ministro o ministra correspondiente, hagamos que vaya a Europa para pedir el cambio de la directiva". Recordó que sólo la Comisión Europea puede cambiar ese régimen jurídico, y que la Junta de Castilla y León solo puede pedir dicho cambio a través del Gobierno de la nación. Esa modificación permitiría que el lobo al sur del Duero "como nos han mandatado las Cortes, no que sea una especie cinegética, pero sí una especie gestionable".