La imposición de un "catastrazo abusivo" que afecta a los profesionales agrarios ha provocado la protesta de la Alianza Upa-Coag, que denuncia la situación en la que se encuentran las explotaciones agrarias. "La situación es especialmente delicada para profesionales de la ganadería que por las granjas, naves, almacenes o instalaciones pagan un IBI sobrevalorado y en ningún caso ajustado a la realidad" apunta la organización.

La Alianza considera que las revisiones que se están aplicando son "absolutamente desproporcionadas" en el caso del Catastro de Rústica, por lo que pide a los ayuntamientos "que adopten medidas en la aplicación de determinados tipos impositivos que afectan a la actividad ganadera".

En este sentido reclaman "medidas inmediatas" para paliar el impacto de este impuesto, sobre todo, en la actividad ganadera, "que atraviesa por una crisis acuciante en varios subsectores desde hace años". A juicio de la Alianza son los ayuntamientos los que deben "dar un paso al frente y bonificar el Impuesto de Bienes Inmuebles para reducir la presión fiscal sobre el agricultor y el ganadero". Y advierte que el problema "va más allá" porque las sobrevaloraciones "pueden afectar muy seriamente a las becas de hijos de agricultores y ganaderos dado el "incremento ficticio del patrimonio".