La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de Casar de Cáceres (Cáceres) por los delitos de estafa y otro relativo contra el mercado y a los consumidores, en una operación que además se ha saldado con otros cinco imputados de varias provincias y la destrucción de 3.000 kilos de queso.

Asimismo, en el marco de la Operación Caseus, se ha imputado a otro vecino de Casar de Cáceres, así como a otras cuatro personas relacionadas con empresas del sector lácteo ubicadas en las provincias de Badajoz, Sevilla, Toledo y Zamora, por delitos de falsedad y contra el mercado y los consumidores, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En total se han llevado a cabo 16 inspecciones en empresas del sector lácteo, once en la provincia de Cáceres, y las otras cinco en las provincias de Badajoz, Toledo, Sevilla y Zamora.

Los quesos destruidos podrían valer unos 30.000 euros, y asimismo se han intervenido 25.300 etiquetas de diferentes variedades de quesos, pertenecientes a 12 marcas comerciales y utensilios y maquinaria para el etiquetaje, tratamientos y embalaje de quesos.

Esta operación ha sido desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Extremeño de Salud, y responsables de la Sección de Lucha contra el Fraude del Servicio de Calidad Agropecuaria y Alimentaria de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de Extremadura.

Las investigaciones se iniciaron a partir del estudio de la documentación comercial y de un total de seiscientas etiquetas de productos alimenticios (embutidos y derivados lácteos), intervenidas por el Seprona en el marco de la Operación policial bautizada con el nombre de "Artemisa", que concluyó en enero de 2014 con la detención en Malpartida de Cáceres (Cáceres) de tres personas integrantes del mismo clan familiar.

Estas personas, según la Guardia Civil, habían instaurado un mercado "clandestino" de embutidos y derivados lácteos (quesos), "carentes de trazabilidad sanitaria y con importantes taras" que, tras el proceso de elaboración, eran comercializados, a través de la venta ambulante no sedentaria, asignándoles arbitrariamente etiquetas e información ficticia (lote y fecha de consumo preferente), con la finalidad de dotarlos de apariencia legal e introducirlos en la cadena alimentaria, con el riesgo que supone para la salud de los consumidores.

El análisis de la información condujo a confirmar la existencia de una nave en Casar de Cáceres donde, además de almacenarse un volumen importante de quesos, se procedía a la manipulación, curación y re-etiquetaje de esos productos.

Estas instalaciones no estaban inscritas en registro oficial alguno, ni se hallaban habilitadas para esas prácticas, hallándose únicamente autorizada para la "venta en establecimientos no permanentes", de quesos y productos lácteos.

4.000 quesos y 25.000 etiquetas

Con fecha 12 de diciembre de 2014 se inspeccionó el interior de la nave, contando para ello con la colaboración de los servicios veterinarios del Centro de Salud de Casar de Cáceres, tras lo cual se procedió al precinto e intervención cautelar de aproximadamente 4.000 quesos, parte de ellos desprovistos de etiquetas.

Estos presentaban "deficiencias evidentes", presentando otras alteraciones en las fechas de consumo preferente y loteado, además de hallarse algunos caducados y en precario estado de conservación.

También se precintaron 25.300 etiquetas de diferentes variedades de quesos, correspondientes a 12 marcas comerciales; diversos utensilios y maquinaria para el etiquetaje, tratamiento y embalaje de quesos (máquina para el envasado al vacío, básculas electrónicas, adhesivos para estampar la fecha de consumo y número de lote, ingredientes, etc.), además de documentación de carácter comercial.

Las investigaciones permitieron determinar que los quesos desprovistos de etiquetas, unos 1.000, procedían de dos empresas dedicadas a la elaboración de esos derivados lácteos ubicadas en Casar de Cáceres, donde se efectuaron sendas inspecciones, acreditándose, en la primera de ellas, que el traslado y transacción de los mismos se había materializado incumpliendo los requisitos legalmente establecidos.

Esta manipulación estaba amparada en un documento en el que no se garantizaba trazabilidad alguna del producto, y asignándole una fecha de fabricación falsa. En la segunda de las empresas se constató, igualmente, que la asignación de fechas de consumo preferente no se ajustaba en modo alguno a las fichas técnicas de los productos de esa firma comercial, haciéndose de forma arbitraria, excediéndose en varios meses la fecha de vida útil que realmente les correspondía.

Posteriormente, en marzo, abril y mayo se inspeccionaron 14 empresas dedicadas a la elaboración de productos lácteos, nueve de ellas ubicadas en la provincia de Cáceres, y las otras cinco en las provincias de Badajoz, Toledo, Sevilla y Zamora, con la finalidad de confirmar el alcance de las relaciones comerciales existentes entre los responsables de estas y titulares de las instalaciones donde se intervinieron inicialmente los quesos en Casar de Cáceres.

Así, se advirtieron "múltiples disfunciones e irregularidades" en cuanto a la utilización de sistema de loteados, e incluso la simulación de números de lotes que aún no habían llegado a ser liberados al mercado por la firma comercial que elaboraba esos productos, atribuyéndoles a otros, en el texto de las etiquetas, la cualidad de quesos "sin gluten", cuando las industrias responsables de su elaboración, "en ningún caso, le atribuían esa condición".

Las investigaciones se sustentaron por distintos informes del Servicio Extremeño de Salud que acreditaban que los productos inmovilizados "estaban caducados, o en mal estado por pérdida de las cualidades organolépticas o había sido imposible reconstruir su trazabilidad, revelándose la asignación arbitraria de los números de lote y fecha de caducidad".

También por funcionarios de la Sección de Lucha contra el Fraude que indicaban que en las etiquetas se habían detectado múltiples irregularidades, calificándolas como "infracción por clandestinidad" , e "infracción por fraude", de acuerdo con lo estipulado en la norma reguladora.

Estafa y delito contra el mercado

Como resultado de estas gestiones se produjo la detención de las tres personas que regentaban la nave ubicada en Casar de Cáceres, como presuntos autores de delitos de estafa y otro relativo al mercado y a los consumidores.

Asimismo, se produjo la imputación del titular de una de las empresas del sector ubicada en la misma localidad, por su implicación en la comisión de un supuesto delito de falsedad documental; y por último la imputación de otras cuatro personas, todas ellas en su condición de administradores, apoderados, gerentes y socios de distintas empresas del sector lácteo, a los que se les atribuye la comisión de sendos delitos relativos al mercado y los consumidores.

Ante estas evidencias, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Extremadura, acordó el decomiso y posterior destino a destrucción de todos los quesos inmovilizados, exceptuándose aquellas partidas en las que pudo acreditarse su lícito origen. La destrucción de casi 3.000 quesos se realizó en las instalaciones del Eco-Parque de Cáceres.

El valor de los quesos inmovilizados y destruidos podría alcanzar en el mercado los 30.000 euros. No obstante, dada la continuidad en estas prácticas defraudatorias apreciada durante las investigaciones, el perjuicio a los consumidores por la introducción en el mercado de quesos atribuyéndoles características, lotes o fechas de consumo preferente falseadas "podría ser de varios cientos de miles de euros".

Las Diligencias instruidas por la comisión de estos hechos han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, de los de Cáceres.