Azucarera y las organizaciones agrarias firmaron ayer el nuevo Acuerdo Marcos Interprofesional (AMI) de la remolacha para el periodo comprendido entre los años 2015 y 2020 y que garantiza un precio que alcanzará los 42 euros por tonelada para las próximas cinco campañas, además de crear un escenario favorable para el futuro del sector ante el reto de la desaparición de cuotas de producción de azúcar en el año 2017. El nuevo AMI fue ratificado ayer por AB Azucarera Iberia y las organizaciones agrarias Asaja, Coag, Upa y la Confederación Nacional de Remolacheros. Después de varios meses la negociación ha fructificado en un acuerdo que "despeja el camino para el progreso y la consolidación del sector en el próximo lustro", apuntaron responsables de la industria azucarera. Aunque en el nuevo AMI no figura el precio de la remolacha, la voluntad de todas las partes es condicionar el acuerdo a que el productor perciba un precio de garantía de 31,5 euros por tonelada, un suplemento de remolacha sostenible de dos euros por tonelada por proximidad y de 0,5 euros por tonelada por lejanía a las fábricas, así como una pequeña prima vinculada al mercado del azúcar que se determinará cada campaña.
Así, la mayoría de los productores percibirán al menos 33 euros por tonelada de remolacha facturada, precio al que hay que sumar dos ayudas, una a la calidad y otra que se concederá a través del Programa de Desarrollo Rural y que permitirán que se incremente el valor del producto hasta los 42 euros por tonelada. El nuevo AMI contempla el compromiso de la industria y de las organizaciones agrarias de seguir avanzando en la productividad y calidad del cultivo, trabajar por un óptimo abastecimiento de las fábricas azucareras y proporcionar una relación comercial sólida y duradera entre industria y cultivadores. El acuerdo suscrito ayer también prevé el mantenimiento de la preferencia en la contratación para los remolacheros históricos más allá del año 2017 e incorpora nuevos enfoques, entre los que destacan la apuesta conjunta del sector por la I+D como elemento determinante en la consecución de los objetivos medioambientales y de competitividad agrícola e industrial que pretende alcanzar el sector.
