Los pasillos de los juzgados y de la Audiencia Provincial permanecían ayer vacíos, en un silencio solo roto por el trasiego de algún funcionario, y las salas de vistas cerradas a cal canto por la huelga de jueces y magistrados, con carteles en las puertas que anunciaban la suspensión de juicios, alrededor de medio centenar en toda la provincia, salvo en Benavente y Toro, cuyas plazas no están cubiertas por titulares. El seguimiento de la huelga ha sido, pues, "del cien por cien", declaraba satisfecho el decano de jueces, Manuel García Sanz, al tiempo que subrayaba que "no descartamos nuevas movilizaciones si el Ministerio de Justicia sigue en la misma actitud", con una reivindicación prioritaria: "Medidas para reforzar la independencia de la justicia, modernización de la Administración en beneficio de los ciudadanos y mejoras de las condiciones laborales.

"No es cierto que las reivindicaciones salariales sean nuestra principal motivación para la huelga". No ha sido el caso de los fiscales, que ayer no secundaron en Zamora la huelga general convocada por las asociaciones profesionales, si bien habían participado en algunos paros para exigir la paralización del expediente judicial hasta que se instalen programas adecuados.

En el Palacio de Justicia y el resto de sedes judiciales, tan solo han mantenido su actividad mínima el Juzgado de guardia y el de Violencia de Género para atender casos urgentes, ante la falta de servicios mínimos que debería haber fijado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), explicaba el juez decano, Manuel García Sanz, quien puntualizaba que los dos juzgados de Benavente y Toro no se han sumado al paro total convocado porque al frente están jueces sustitutos que no pueden secundarlo.

Los jueces y magistrados se congratulaban ayer por la respuesta obtenida entre estos profesionales en la provincia, "el seguimiento ha sido total, la huelga ha sido un éxito", manifestaba el decano, que desde primera hora de la mañana se encargaba de colocar los carteles explicativos sobre las causas de la huelga "para informar al ciudadano", visiblemente molesto porque se trate de reducir sus exigencias a la mejora salarial, "no se trata solo de eso. No es cierto que nuestra única finalidad sea esa, como se quiere hacer creer", remarca el magistrado, que incide en que exigen que el Gobierno tenga en cuenta las indicaciones del Grupo Greco para la despolitización de la justicia española, que se apliquen la capacidad y el mérito para el nombramiento de vocales al CGPJ y de los tribunales superiores de Justicia.

El establecimiento por parte del Poder Judicial de criterios objetivos para fijar las cargas de trabajo que pueden soportar los jueces para agilizar la justicia, obligado como está por sentencia de la Audiencia Nacional, es una de las viejas reivindicaciones del colectivo que está presente en estas movilizaciones, iniciadas el 26 de abril con paros de una hora. En Zamora, se encuentra en esa situación el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6, al que se le han endosado los asuntos de cláusulas suelo y gastos de hipotecas de viviendas, una decisión que "ha sido un desastre, se ha colapsado y no ha sido ningún beneficio para los demandantes, para los ciudadanos porque los juicios no van al día", denuncia García Sanz. Por último, el expediente digital ha contribuido a "agravar más el funcionamiento general de los juzgados".

Por lo que respecta a las exigencias salariales, García Sanz recuerda que el Gobierno lleva cinco años sin convocar la mesa de retribuciones, aunque está obligado a ello, "nuestros sueldos llevan congelados desde 2007 hasta este año y reducidos en un 10% al inicio", cuando les han que aplicado un 1,5% de subida, a pesar de que al inicio de la crisis.