La empresa adjudicataria en primera instancia de las obras del Banco de España ha llevado al Juzgado al Ayuntamiento de Zamora para exigirle la devolución de la fianza, amén del pago del 33% de la obra realizada y certificada antes de abandonar los trabajos. El proyecto para transformar este edificio en nuevo cuartel de Policía Municipal y Archivo vive, de esta manera, un nuevo capítulo dentro del cúmulo de situaciones y malas decisiones que han desencadenado que una de las iniciativas estrella del bipartito IU-PSOE se haya convertido, tal y como reconocía hace unos días Francisco Guarido a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, en una obra fracasada. La postura en la Casa de las Panaderas es firme: no se va a devolver el depósito realizado al incumplir la constructora el contrato firmado. No obstante, será el juez quien deba ahora decidir quién lleva la razón.
Han pasado tres meses desde que el Consejo Consultivo de Castilla y León autorizara al Ayuntamiento de Zamora a rescindir el contrato de obra del Banco de España formalizado con la UTE Urvios-Proforma. El documento redactado por el órgano regional dictaba textualmente "que se ha dado un incumplimiento imputable a la UTE, dada su pasividad culposa o negligente", para concluir que "en definitiva, puede apreciarse que el incumplimiento de la empresa es de tal entidad que motiva la resolución del contrato". El dictamen, además, abría la puerta a la reclamación de una indemnización para el Consistorio. "La garantía prestada por el contratista queda afecta al pago de la indemnización de daños y perjuicios irrogados a la administración. Y en tal sentido, aún cuando la resolución del contrato no proceda declara su pérdida, debe acordarse su retención hasta que se cuantifiquen dichos daños y perjuicios, cobrándose su importe de la garantía si esta fuera superior a aquellos", rezaba la resolución.
Tal cantidad depositada por el contratista que abandonó la obra con solo un 33% certificado asciende, según fuentes del Ayuntamiento de Zamora, a unos 50.000 euros. Una cantidad de la que ya se ha incautado el Consistorio y que no tiene ninguna intención de devolver si no lo dicta antes un juez, como así quiere la UTE Urvios-Proforma. "Lo que ellos nos dicen es que tenemos que devolverles la fianza; es decir, que quieren irse habiendo cobrado el 33% de las obras realizadas y con el dinero depositado. Nuestra postura es que esto no es así, que la fianza se queda", ha señalado Francisco Guarido.
Mientras se dirime lo que ocurre con la fianza, el Ayuntamiento de Zamora trabaja contra el reloj para conseguir sacar el nuevo contrato, toda vez descontado ese 33%, para que otra empresa ejecute y finalice las obras que han de servir para trasladar la Policía Municipal hasta el edificio del Banco de España. "Estamos en un punto en el que se va a licitar ya mismo", ha indicado el alcalde. "Lo que ha ocurrido con esta obra, al margen de lo que ya conocemos, es que nos ha cogido una Ley de Contratos que nos hace polvo, porque cambian mucho los sistemas de contratación y hay que adaptar esos nuevos mecanismos a todos los funcionarios", ha añadido. "Pero en lo que se refiere al Banco de España, ya no nos va a paralizar nada", ha expresado.
La obra del Banco de España es necesaria para que se produzca un efecto dominó y salgan adelante otros asuntos pendientes en la agenda local. Mientras la Policía Municipal no se traslade hasta Cristo Rey, la reforma del Ayuntamiento viejo no podrá llevarse a cabo y, por lo tanto, el Museo de Baltasar Lobo no podrá utilizar esas dependencias situadas en la Plaza Mayor. Esto supone que las arcas municipales deberán seguir desembolsando 7.500 euros al mes, o 90.000 al año, por el alquiler de la Casa de los Gigantes. Exactamente la misma anualidad que se está pagando al Estado, a través de la sociedad Segipsa, por el arrendamiento del propio Banco de España, toda vez que se le ha negado por activa y por pasiva al Ayuntamiento de Zamora la renegociación de un contrato a todas luces abusivo en comparación con otras capitales.
