El menor de 16 años que confesó el asesinato a golpes con una gran piedra de la joven Leticia Rosino Andrés, ocurrido el 3 de mayo en Castrogonzalo, donde vivían ambos, pasará un examen psiquiátrico para estudiar su personalidad y si sufre algún tipo de trastorno psiquiátrico, una actuación que permitirá determinar el grado de imputabilidad del acusado en el delito, práctica habitual en cualquier instrucción de un delito de estas características.

El informe psiquiátrico será, pues, una de las pruebas esenciales en la investigación del crimen de Castrogonzado por la Fiscalía de Menores, que deberá abrir un expediente de reforma y remitir todas las actuaciones al Juzgado de Menores, órgano encargado de fijar y celebrar el juicio a puerta cerrada, al tener el acusado, recluido en el centro especial para menores de Zambrana, 16 años, así como de establecer la condena.

Al margen de ese examen psiquiátrico, el equipo técnico del Juzgado de Menores, formado por dos psicólogas, educadora y trabajadora social -que ya examinó el domingo pasado, 6 de mayo, al acusado y efectúo una valoración rápida para informar a la fiscal de Menores cuando pidió al juez de guardia la medida cautela de internamiento en Zambrana-, en régimen cerrado como solicitó la Fiscalía, tendrá que volver a examinar al menor en un plazo máximo de un mes, según establece la Ley del Menor. El trabajo de estos profesionales se centrará en "la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre su entorno social , y en general, sobre cualquier otra circunstancia", de acuerdo con lo establecido por la Ley del Menor. Este nuevo informe que puede servir para actualizar el ya elaborado inicialmente, requerido por la Fiscalía de Menores en la fase abierta ya de instrucción del expediente de reforma, debe estar listo en diez días, prorrogable como máximo por mes en función de la complejidad de los hechos que se investigan, importante en este caso del crimen de la joven tabaresa de 33 años. De hecho, aún no se descarta una posible agresión sexual, dadas las circunstancias en las que apareció el cadáver, semidesnudo.

En Zambrana, donde está recluido el acusado del crimen desde la tarde del domingo, el equipo técnico del propio centro especial para menores, compuesto también por psicólogos, educadores y trabajadores sociales, hará otra exploración al menor. Los profesionales analizarán también, a través de test para ver la situación psicológica y familiar para ver si tiene algún tipo de trastorno psicosocial. El equipo técnico elaboran un programa educativo, con objetivos a cumplir, orientado a reconducir hábitos de estudio, de limpieza, etc., que deben remitir al Juzgado de Menores, órgano que lo pasará a la Fiscalía y a las partes que se hayan personado en la causa, bajo secreto de sumario todavía, lo que implica que solo la fiscal que lleva la investigación ha tenido acceso a todas las actuaciones.

Cuando acusación particular y defensa puedan acceder al expediente podrán manifestar si están de acuerdo con el programa educativo o no, así como efectuar propuestas, que el juez valora y remite a Zambrana.

La familia del adolescente, el padre, quien fue el primer sospechoso del asesinato, y, en su caso, la madre, que abandonó el hogar cuando el acusado y su hermano eran muy pequeños, serán citados por la Fiscalía de Menores o, al menos, ese es el procedimiento habitual en los casos de niños involucrados en la comisión de delitos. Incluso se llega a involucrar a los progenitores o tutores del menor investigado para intentar reconducir el comportamiento del investigado y procurar su reinserción social, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley el Menor del año 2000.

La familia de la joven asesinada puede personarse en cualquier momento del procedimiento penal, lo que permite aportar o proponer pruebas u oponerse a las que solicite la defensa si lo estima oportuno, además de conocer todo lo que se ha investigado hasta el momento y la declaración del acusado.