O el Ministerio de Justicia toma nota e incrementa las retribuciones, las mismas desde hace 22 años y 70% inferiores en Zamora respecto de otras comunidades autónomas, o los 125 abogados que cubren la Justicia Gratuita no descartan "abandonar en bloque el servicio" que es voluntario. Una drástica medida, que llegará si, tras una semana de paralización del servicio, no hay respuesta del Gobierno central del PP y que pone de manifiesto el hartazgo de estos profesionales. Más de 3.000 ciudadanos -aquellos que no disponen de medios económicos para afrontar los gastos de un pleito- solicitan cada año abogado de oficio que perciben por defender esas causas retribuciones "más propias de una limosna que del pago de un servicio", denunció el decano del Colegio de Abogados en la celebración del patrón.

Los letrados del turno de oficio anunciaron ayer medidas de presión ante la Audiencia Provincial, donde se concentraron para exigir la equiparación de sus minutas por Justicia Gratuita con las de otras comunidades con incremento anual equivalente al IPC, ya que, mientras por un divorcio ingresan en 120 euros en Zamora, en Euskadi se abonan 562 euros; en Cataluña, 403 y en la comunidad madrileña, 400 euros. "Al menos, que se nos equipare con Madrid", la que menos paga por este servicio, declaraba el diputado del Colegio, Gabino Carro Espada, al tiempo que exponía la exigencia de que se establezca "algún tipo de mecanismo de control para evitar que se acojan al servicio gratuito ciudadanos que disponen de medios económicos y no son insolventes porque esto es un auténtico coladero". El derecho a la baja maternal es otra de las peticiones de estos letrados. Entre sus reivindicaciones se encuentran también la inversión en la mejora en el programa Lexnet con el que reciben las notificaciones de los juzgados "para superar la actual penuria informática que nos obligan a utilizar", agrega el letrado, dado que se producen "muchísimos fallos, retrasos, etc., y estamos muy quemados" al interferir en el normal desarrollo de trabajo de forma considerable.

La supresion de los juzgados especializados en asuntos bancarios; el ejercicio exclusivo por parte de abogados y procuradores de la mediación como sistema alternativo al judicial de resolución de conflictos son otras de las reivindicaciones junto a la asimilación, fusión o equiparación de derechos de la mutua al Régimen General de la Seguridad Social. Por último, los letrados del turno de oficio piden "la regulación del pago de las costas al contrario por arancel con IPC anual o sistema similar para que otorgue seguridad jurídica", entre otras cuestiones.