Los magistrados y jueces de Zamora secundarán la huelga general del día 22 de mayo, la tercera que celebran en la historia de la judicatura, y volverán a realizar mañana un nuevo paro de una hora durante la jornada laboral, lo que supondrá un retraso en la celebración de aquellos juicios que se hayan fijado para ese día, así como del resto de trámites en los que se requiera su presencia, explicaba el decano de jueces, Manuel García Sanz.

Los fiscales se sumarán a tanto a las movilizaciones parciales, que se celebran a las 12.00 horas a las puertas de la Audiencia Provincial, como a la huelga del 22 de mayo, medidas de presión convocadas de forma conjunta por todas las asociaciones de jueces y fiscales del país que han fijado nuevos paros de una hora para los días 26 de abril, el 3 y el 10 de mayo ya comunicados al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al tiempo que se ha creado el comité de huelga a nivel nacional para organizar estas medidas de presión. Jueces y fiscales están a la espera de que el C.G.P.J. determine los servicios mínimos para esos días de protesta. El 4 de mayo a la 13.00 horas se desarrollará una concentración en Madrid, ante la sede del Ministerio de Justicia, a la que acudirán magistrados y jueces de la provincia zamorana.

El día de la huelga general tendrá lugar una concentración también a la puerta del Palacio de los Momos a las 12.00 horas y "si no se obtiene respuesta por parte del Ministerio, las asociaciones volverán a reunirse para determinar qué medidas tomar", explica el decano de los jueces de Zamora, quien recuerda que las reivindicaciones de su colectivo inciden de manera importante en que la toma de medidas para reforzar la independencia judicial, con nombramientos más objetivos en los órganos elegidos por el Consejo, así como para exigir un adecuado funcionamiento de la justicia con medios humanos y materiales suficientes para garantizar su agilidad y eficacia, no sin olvidar las retribuciones y los permisos que utilizan para trabajar en casa causas complejas que exigen que vuelvan a la situación anterior a la reforma de la Ley del Poder Judicial.