Mario Amilivia: "Para luchar contra la corrupción no basta el Código Penal"

- Reclama la necesidad de ampliar la composición del Consejo Consultivo. ¿Por qué?

-La entrada el vigor el 9 de marzo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público ha generado supuestos de incompatibilidad entre el Consejo Consultivo y el Tribunal de Recursos Contractuales, doble función que lleva a cabo la institución que presido, con doble naturaleza jurídica. Ahora se pueden presentar recursos especiales de contratación por los modificados y los rescates de concesiones, supuestos que requieren también dictamen preceptivo del Consejo Consultivo. Se pueden producir incompatibilidades entre Tribunal y Consejo. Es casi imposible con tres miembros que no estemos viciados si tenemos que tomar una decisión en estos supuestos.

- ¿Qué propone?

-Bien ampliar la composición del Consejo o la de los vocales del Tribunal. En cualquiera de los casos es inevitable modificar la Ley de Instituciones Propias. Una posibilidad es que los letrados formaran parte del Tribunal. No es una ocurrencia, sino una necesidad por la entrada en vigor de la ley de contratos. Los modificados, por ejemplo, han sido germen de muchísimas irregularidades y abusos, y es un acierto que el Tribunal sea competente en estos casos.

-¿La Ley de Instituciones Propias de 2013 necesita revisión?

-Aprovechando que tendría que modificarse para la ampliación de miembros habría que adaptarse también en otros aspectos, como establecer dictamen preceptivo de los planes de ordenación urbana cuando afectan a zonas verdes y espacios públicos protegidos para que fuera vinculante.

-¿Ahora mismo no lo es?

-Es obligatorio pedir dictamen, pero no es vinculante y debería volver a serlo, porque el urbanismo cuando afecta a algo tan sensible como es las zonas verdes o la protección de la vivienda ahí la función del Consultivo debe ser casi de control. El dictamen vinculante sería una garantía para un buen urbanismo en Castilla y León. Además se podrían introducir mejoras en instituciones como la nuestra muy ajustada en plantilla pero cada vez con mayor carga de trabajo.

- ¿Cuánto ha aumentado su trabajo este año?

-El incremento de la función consultiva ha sido del 11% y los recursos presentados al Tribunal han crecido un 31%. A día de hoy en el Consultivo tenemos ya un 21% más de dictámenes que en 2017 y la nueva Ley de Contratos establece nuevos supuestos de dictamen preceptivo, como es la responsabilidad contractual de la Administración en cuantías superiores a 50.000 euros y los nuevos supuestos y cuantías del Tribunal.

- ¿A qué se debe la mayor carga de trabajo del Consultivo. Los ayuntamientos por fin le hacen caso y le mandan los expedientes?

-Había ayuntamientos que inexplicablemente, porque sus resoluciones estaban viciadas de nulidad de pleno derecho, no solicitaban los dictámenes de responsabilidad patrimonial de la Administración, por ejemplo por el mal estado de las calzadas o el mal funcionamiento de los servicios públicos. Zamora se incorporó a pedirlos con normalidad hace ya tres años y está mejorando la calidad de los servicios públicos. Y Valladolid, se incorporó también. Y este año ha estado al frente de las capitales de provincia.

- ¿Y el resto de ayuntamientos?

-Las jornadas que hemos hecho con las diputaciones dirigidas a pequeños ayuntamientos, que culminaremos el año que viene, trae como consecuencia que año tras año las localidades se sumen a pedir dictámenes al Consejo Consultivo. Eso es positivo para ellos, porque tienen un déficit de personal cualificado. Y la página web del Consejo es un canal muy importante que ayuda al mismo fin. El año pasado tuvimos 550.000 visitas a la web, que es ya un instrumento de cercanía virtual pero real. Esto hace que los ayuntamientos vayan cumpliendo cada vez más con la ley, porque esto no es un capricho.

- ¿Y el Tribunal?

-Si en el Consejo estamos estabilizados en torno a un número de entre las 570 resoluciones de este año y unas 700, como Tribunal estamos en 121 resoluciones para un montante de 475 millones de euros el pasado año y desde que empezó 578 resoluciones para 4.300 millones de euros. Pues bien, el Tribunal va a tener cada vez más carga de trabajo, primero porque se rebaja el umbral económico, porque se aumentan los actos susceptibles de recurso y porque la legitimación para presentar un recurso se amplía. Ahora se extiende a organizaciones empresariales, a los sindicatos o las asociaciones vecinales.

- ¿No puede ser peligroso sacar los recursos del ámbito puramente empresarial directo, que se puedan utilizar como arma para otros fines?

-A día de hoy nosotros resolvemos en el tribunal en un plazo medio de 23 días desde la admisión a trámite del recurso. Y cuando nos retrasamos suele ser por culpa de los licitadores, y fundamentalmente de la Administración. Si realmente tenemos capacidad de sustanciar un recurso en 20 días ese problema no existe, porque se resuelve por si solo. Independientemente de la intencionalidad del que presente el recurso, no deja de ser una garantía más. El derecho administrativo es garantista y para luchar contra las irregularidades, contra la corrupción, no es necesario solamente el Código Penal, sino que hay que tener una buena administración, que tenga garantías en el procedimiento que eviten que se produzcan las irregularidades. De ahí el Consultivo con un control previo de legalidad y el Tribunal con una fiscalización previa de casi toda la contratación pública que un plazo brevísimo restituye, por ejemplo, una adjudicación irregular. Antes en la vía contenciosa se podía tardar ocho años. Frente a lo que se diga, este es el dinero mejor empleado.

- Les podrían asignar también los recursos del empleo público, que a veces se resuelven en años y cuando sale la sentencia no hay remedio.

-En este momento hay dos tipos de contratos, los de más de tres millones de euros en obras y concesiones y de más de cien mil euros en suministros y servicios. El resto de los contratos no tiene recurso especial, se van a los recursos administrativos tradicionales, el de reposición. Los recursos de reposición tienen una posibilidad del 0% de prosperar, de acuerdo al informe de Justicia Administrativa de 2016. Es decir, el recurso de reposición no sirve y todos esos contratos tienen que ir a la vía contenciosa, que ahora es mucho menos lenta que antes, pero sigue siendo lenta. Habría que hacerse una reflexión sobre el recurso de reposición. En nuestro caso el licitador no tiene miedo a presentar un recurso ante un Tribunal independiente, ajeno a la administración contratante y que no tiene un efecto disuasorio. Por eso Europa lo ha considerado un modelo de éxito, porque es un modelo más eficaz, transparente y justo.

- Pero ¿les hacen caso o los que salen perdiendo acaban acudiendo a los tribunales de justicia?

-Solo nueve el año pasado. Pero todo esto se está profesionalizando ya y las empresas cuentan ya con abogados que se están especializando en estos asuntos y todo ello puede hacer que haya mayor impugnación. Pero la media de España está entre el 5 y el 6%. Es decir, que en un 95% se depura la contratación administrativa sin ir al Contencioso lo que demuestra el éxito del modelo: rápido, sin litigiosidad y por si fuera poco se estima en torno al 40%.

- ¿Están en un edificio de cristal pero la gente no conoce lo que pasa aquí dentro?

-Bueno, pero esto no es un ayuntamiento. Ni un ateneo en el que hagamos poesía. Esto es una institución jurídica de naturaleza técnica que yo creo que era hace años mucho más desconocida y en cierta manera discutida o contestada. Y el trabajo me permite decir que en todo Castilla y León y entre todos los grupos parlamentarios no tiene ningún tipo de discusión y su trabajo se valora y se ensalza. Cuando hay un problema grave, incluso polémico o que ha generado controversia política, vemos en la prensa como se dice "vamos a ir al Consultivo", somos un referente. Y cuando emitimos un dictamen es aceptado por unanimidad por todos los grupos políticos. No puede haber mayor satisfacción. El trabajo de la institución se está reconociendo. De ahí a que sea una institución popular...a lo mejor tampoco le corresponde.

- Lleva diez años y está ya "en tiempo de descuento" en el cargo.

-El mandato de los consejeros del Consejo Consultivo acabó el 6 de marzo y en consecuencia estoy en funciones, al igual que no están el Consejo de Cuentas y la figura del Procurador del Común. Yo no puedo continuar de presidente. Sí podría eventualmente, supuesto que imagino no se va a dar, continuar de consejero pero no podría seguir de presidente porque la ley de altos cargos, no la de Instituciones Propias, modificó este aspecto. Yo estaba de hecho en mi primer mandato porque no computaba el tiempo que estuve en sustitución de la anterior presidenta, en el año 2007. Mi primer mandato completo era este, pero bueno, la ley de altos cargos lo ha modificado y no puedo continuar de presidente.

- ¿Le gustaría seguir de consejero?

-No me planteo nada. Después de diez años yo no se lo que voy a hacer, eso depende de las fuerzas que tenga cada uno y yo me siento francamente bien ahora. Lo que me gustaría es que se reconozca el trabajo de la institución con 14.200 dictámenes, grado de seguimiento de los dictámenes de casi el 97%, en seis años hemos asumido un Tribunal de Recursos Contractuales, con 548 resoluciones emitidas, más de 4.300 millones de euros de cuantías de los contratos...Es el trabajo. no el mío, el de la institución, que ahora tengo que poner en valor, lo que tenga que venir después ya llegará.

- ¿Considera un acierto que se pusiera esta institución propia de la comunidad en Zamora?

- Zamora merece, como ninguna otra ciudad, tener una institución autonómica, de autogobierno. Los consejos consultivos son instituciones de un gran prestigio. Las expectativas en origen de que pudiera traer un gran número de trabajadores, pues no, porque estas instituciones son lo que son, pero creo que está muy bien en Zamora. Y el acogimiento ha sido muy positivo. Tuvimos inicialmente problemas con el edificio, pero este al final ha sido el más premiado de Castilla y León en los últimos diez años, el más reconocido y ha estado abierto a toda la sociedad de Zamora y está impulsando un proyecto cultural de recuperación de vestigios arqueológicos, que ya asume su tercera fase este año, la exposición en vitrinas de las piezas de cerámica y metal.