El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una auxiliar de enfermería (ahora denominadas TCAE, técnico en cuidados auxiliares de enfermería) a ocupar una plaza ganada por oposición con efectos desde el año 2011, cuando se debió proceder a la asignación del puesto, en el Complejo Hospitalario de León. Jerónimo Cantuche y José María Barbón, de UGT han dado a conocer la sentencia, que costará a Sacyl en torno a 350.000 euros: 180.000 por los sueldos no abonados a la demandante y el resto por el sueldo que ha cobrado la persona que se ha contratado en su lugar durante estos años.

El asunto nace del concurso oposición convocado por Sacyl en el año 2008. En 2010 sale publicada la relación de aprobados que han obtenido plaza. En 2011 toman posesión todas estas personas excepto dos, que no presentan la documentación y por tanto no están interesados en ocupar el puesto. Al caerse estas dos personas de la lista, Sacyl publica en 2011 una lista complementaria en la que hay otras dos personas que en principio no habían obtenido plaza y les da un plazo de veinte días para presentar la documentación. El caso es que una de estas personas no se entera de que su nombre la salido en el Bocyl hasta un día después de finalizado el plazo, cuando recibe la llamada de Sacyl pidiéndole explicaciones del lugar donde ha presentado la documentación.

Esta persona presentó, no obstante la documentación, pero Sacyl interpretó que estaba fuera de plazo y no le dio la plaza. Un primer recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dio la razón a Sacyl, al considerar que la notificación por el Bocyl era válida. Sin embargo, un segundo recurso ante el Supremo dio la razón a la auxiliar, ya que considera que tratándose de solo dos personas, que no conocían que tenían posibilidad de obtener plaza y cuando la lista salió tres años después del examen, lo lógico es que hubieran recibido una llamada o se les hubiera notificado por un sistema más práctico. Sobre todo teniendo en cuenta lo que se jugaban, una plaza de empleo público.

Cantuche ha pedido la dimisión o el cese del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado y todo su equipo directivo al considerarlo responsable de los requisitos de la convocatoria, que han llevado a cometer una injusticia con esta trabajadora además de un gasto innecesario a Sacyl.