Los próximos Presupuestos Generales del Estado dejarán, ya sea por la vía de unos mayores ingresos o por la de las reducciones impositivas, un importante beneficio para un buen número de contribuyentes. A falta de conocer más detalles de las cuentas públicas, que tendrán que ir al Congreso de los Diputados en próximas fechas para pasar después la tramitación parlamentaria -con las novedades que ahí se puedan introducir- serán los pensionistas y los funcionarios los dos colectivos más beneficiados de las novedades introducidas.
Las pensiones mínimas y las de viudedad subirán un tres por ciento, idéntico porcentaje al de las pagas no contributivas. Además, los que cobren una pensión de 700 euros mensuales o menos verán aumentados sus ingresos un 1,5%, por encima del dato que marca el IPC, y los que perciban entre 700 y 860 euros verán aumentados sus ingresos un uno por ciento. Aunque las alzas no serán muy importantes, sí son mayores que las que tendrán el resto de los pensionistas, que incrementarán sus pagas un cuarto de punto. En Zamora 21.910 pensionistas cobran la paga mínima, por lo que se beneficiarán de esta medida. Importante también que hay unos 15.000 que perciben una cuantía que oscila entre la mínima que permite la ley y los 860 euros, por lo que sus pagas se incrementarán por encima de las del común de los jubilados. Para 4.300 pensionistas las pagas aumentarán el 0,25% pero no tendrán que pagar IRPF. Los pensionistas son, en conjunto, el colectivo más beneficiado por las medidas aprobadas por el Ejecutivo y que se incluirán en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
El sueldo de los trabajadores públicos aumentará un 1,75% como parte de un plan multianual que también dejará incrementos salariales en los próximos años. En Zamora, según el Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, hay algo más de 10.900 trabajadores públicos que se podrán beneficiar de esta medida.
Mención aparte merecen los integrantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que verán sus sueldos incrementados dentro del plan acordado con el Ministerio del Interior para equiparar los salarios a los de las distintas policías autonómicas que operan en algunas regiones como País Vasco, Cataluña y Comunidad Foral de Navarra. Se incluye una tasa de reposición del 100% en la oferta de empleo público.
Los presupuestos que tengan salarios inferiores a los 18.000 euros anuales tendrán una rebaja en el tramo estatal del IRPF. Esto no afecta, en la práctica, a todos los trabajadores con salarios inferiores a esa cifra, pues esto afectaría a un porcentaje muy amplia de los asalariados de la provincia de Zamora. Los que tienen ingresos de hasta doce mil euros están ya exentos de presentar su declaración de la renta. Así las cosas, se beneficiarán de esta medida los que ingresen entre 12.000 y 18.000 euros, unas 19.000 personas en Zamora según los datos más actuales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, datos elaborados precisamente con las declaraciones de la renta.
Con estas medidas el Ejecutivo espera convencer al resto de partidos políticos del arco parlamentario para que den su apoyo a las cuentas públicas para este año, cuya tramitación lleva unos seis meses de retraso -pues los trámites que ahora se están realizando son más propios de finales del mes de septiembre que de comienzos de la primavera-. Actualmente no está garantizado este apoyo del arco parlamentario más allá del "sí" de Ciudadanos que anunció el presidente del partido naranja, Albert Rivera. Este apoyo es insuficiente porque no se supera la mitad de los parlamentarios del Congreso de los Diputados, por lo que ahora el Ejecutivo se centra en las negociaciones con el Partido Nacionalista Vasco, enquistadas por el "no" que desde este partido se justifica en la aplicación del artículo 155 en la comunidad autónoma catalana.
El Gobierno, a través del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que "estos son los presupuestos de los funcionarios, pensionistas y de los trabajadores con rentas medias y bajas". Las cuentas serán oficialmente presentadas en el Congreso de los Diputados el día tres de abril, momento en el cual se detallarán las inversiones que van a parar a cada comunidad autónoma y provincia. También es destacable que las comunidades autónomas tendrán 4.000 millones de euros más procedentes de la actualización del sistema de financiación.
