El colectivo de 16 trabajadores laborales indefinidos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en Zamora -150 en el conjunto de la comunidad autónoma-, ante la reestructuración que pretende llevar a cabo la Junta de Castilla y León, "y que tal como está diseñada conducirá, en realidad, a nuestro despido", solicita al Gobierno regional que abra un proceso negociador, en el cual se reconozca "nuestra condición de personal laboral indefinido, pues no somos trabajadores temporales", y convoque una oferta pública de empleo "adecuada y razonable, que suponga una ampliación real de sus plantillas que permita el acceso a nuevos trabajadores, pero que respete nuestra circunstancia laboral, y no sea una "supuesta" oferta de empleo público que se basa en el despido de los trabajadores de más edad y experiencia, y que ya llevamos años prestando servicios en unas condiciones que son las que ha marcado la propia Junta, responsable de esta situación", apuntan en un comunicado de la Asociación de Trabajadores Laborales Indefinidos de la Junta de Castilla y León.

En Zamora están afectados siete ingenieros técnicos forestales, cinco ingenieros de montes, dos licenciados en técnicas ambientales, un licenciado en biología y un auxiliar administrativo. Según los datos que maneja el sindicato de la función pública, se trata del setenta por ciento de la plantilla destinada a la extinción de incendios.

Estos profesionales "tienen una media de edad de más de 47 años y una antigüedad media superior a los 15 años (alguno llega a los 30)", apostilla el colectivo. "Los trabajadores han tenido conocimiento, a través de los responsables de personal de la Junta de Castilla y León, de que la administración autonómica está llevando a cabo una reestructuración administrativa encaminada, teóricamente, a reducir la temporalidad en las administraciones públicas, pero que tal y como se ha diseñado, en realidad, conducirá a nuestro despido".

Afirman, ademas, "que esta reestructuración, que se quiere vender como una mejora de la oferta de empleo publico, en la práctica no supone un incremento de puestos de trabajo en la administración regional, pues se basa en despedir a trabajadores indefinidos con gran experiencia en el desempeño de sus funciones, y sustituirles por otras personas". Este colectivo señala que, durante años, la administración medioambiental ha visto ampliadas sus competencias y obligaciones sin que, sin embargo, haya ampliado la plantilla de funcionarios para atender esas obligaciones. Dicen además que "la Junta, que no ha convocado oposiciones o lo ha hecho en número muy insuficiente, ha venido recurriendo a la contratación de personal laboral por obra y servicio para cubrir esas necesidades, que se ha ido prorrogando durante años".

En muchos de los departamentos, estos trabajadores que ven peligrar su puesto de trabajo representan más del 50% del personal técnico.

Los jueces, "a la vista del trabajo que realizábamos, tareas propias de la administración que en muchos casos no se correspondían con la obra objeto del contrato, han resuelto que nuestros contratos suponían fraude de ley". "Ha sido, por tanto, la Junta de Castilla y León la responsable de crear esta situación laboral, y no los ahora afectados que entramos a trabajar en la Consejería a través de los medios establecidos".