Dos hijos de uno de los fundadores del holding Hermanos Tábara (Hertasa), de iniciales J.C.T.A. y J.M.T.A., consejeros de Administración de dicha sociedad, y el gerente, E.C.C., podrían ir 9 años a prisión (3 años cada uno de ellos) acusados por la Fiscalía Provincial de crear pagarés y certificaciones falsas, estas últimas de ocho obras supuestamente adjudicadas por el Ayuntamiento de Benavente por 1.212.450 euros en 2008, con sello institucional incluido, para lograr liquidez cuando la empresa ya estaba a punto de quebrar. La cuantía obtenida por los cinco pagarés ficticios emitidos fue de 266.491,77 euros, entregados en tres entidades financieras entre 2008 y 2009 con el mismo objetivo de conseguir dinero en efectivo para la sociedad, de acuerdo con lo manifestado por el fiscal jefe, Rafael de Vega Irañeta, en el juicio celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal.

Los tres imputados en un delito continuado de falsedad en documento público, que admitieron saber que eran fraudulentos en conversaciones grabadas, se enfrentan, asimismo, al pago de una multa de 5.400 euros cada uno y la devolución de las cantidades, que reclama una de las entidades bancarias. El Ayuntamiento benaventano, por su parte, dijo estar personado para "defender el nombre" de la institución", cuyo alcalde en 2008, Saturnino Mañanes, declaró ayer desconocer los pormenores sobre las certificaciones de obra falsificadas y entregadas a la entidad de ahorro.

El Ministerio Fiscal ha solicitado como pena alternativa dos años y tres meses de prisión (nueve meses para cada uno) y nueve meses de multa por el uso de documentos falsos si la magistrada considera que no se pude demostrar que las firmas de los documentos falsificados son de los imputados, ya que el perito que las analizó, al tratarse de fotocopias, no pudo afirmar categóricamente que fueran de su puño y letras, si bien sí que sostuvo durante su declaración en la vista oral, como reflejó en su informe, que había indicios de que fueran los autores de las rúbricas.

Los tres procesados negaron haber plasmado sus rúbricas en estos documentos, cuya falsedad han admitido desde el inicio de la causa judicial, recalcó el fiscal jefe, para quien los procesados elaboran las certificaciones y las autorizan.

Por su parte, la única entidad de ahorro personada en la causa, a la que endosaron los certificados del Ayuntamiento de obras por importe de 1.212.450 euros, recriminó a los imputados que simularan la liquidez del grupo para obtener dinero, a los que acusa de "amañar la contabilidad" y "hacer ver que era solvente" para conseguir su objetivo. Los beneficiarios, dijo la abogada, eran los Hermanos Tábara, mientras que el que actuó fue el empleado con poderes con el consiguiente perjuicio para la caja.