El fiscal solicita 8 años de prisión para cuatro acusados de vender una máquina retroexcavadora robada, sabiendo cuál era su procedencia por pertenecer a un grupo criminal organizado, a un ciudadano boliviano por un importe de 8.000 euros, máquina que nunca llegó al país latinoamericano porque fue interceptada por la Guardia Civil en el puerto de Vigo. La acusación particular eleva las penas de prisión hasta los 10 años para cada uno de los procesados por el grave perjuicio causado al empresario de Bolivia que concertó la venta, dado que "los 8.000 euros equivalen en ese país a 50.000 euros en España". La estafa fue llevada a cabo de forma "organizada" por los acusados, de iniciales R.B. (con antecedentes por hechos similares), A.A.A., M.P. y H.A., concluyó el letrado para afirmar que "se repartían las funciones y se unieron para estafar" a su cliente, quien se desplazó desde su país natal para acudir al juicio celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal por los delitos de receptación (vender un artículo robado sabiéndolo), estafa y falsedad documental por el contrato de compraventa.

La Guardia Civil confirmó que los imputados formaban una banda organizada, en la que cada uno de sus miembros tenía asignada una tarea para llevar a cabo la estafa, argumento en el que se basó la Fiscalía Provincial al acusarles de haber robado la máquina en Burgos para después venderla en Zamora.La máquina, robada entre octubre y noviembre de 2013 de Contratas y Maquinaria S.A., con sede en Burgos, declarada en concurso de acreedores, permaneció oculta en la nave de una empresa de Zamora, propiedad de uno de los procesados, según admitió junto con su hijo, si bien ambos negaron haber participado en la operación de venta y aseguraron que únicamente prestaron las instalaciones a otro de los acusados para guardar la retroexcavadora. El denunciante había viajado desde Barcelona a Zamora, acompañado por uno de los acusados, para cerrar el negocio por el que le pidieron 8.000 euros, aunque en el contrato figuraban solo 5.000 euros. Ahora reclama 10.409 euros, más gastos de transporte y aduanas. El fiscal acusa a los imputados de "beneficiarse" del dinero obtenido y de entregar al comprador "unos documentos falsificados, como el contrato de compraventa de la máquina" y otros para que, antes de llevársela a Bolivia, realizar envíos de dinero desde ese país a España a nombre de conocidos de los imputados. Las defensas proclamaron la inocencia de sus clientes y pidieron la absolución por falta de pruebas.