El proyecto "Escuelas conectadas" que impulsa la Junta de Castilla y León con el Ministerio de Educación se postula como alternativa "eficaz" para que las administraciones públicas puedan llevar a cabo inversiones que acaben con la discrecionalidad de las operadoras privadas a la hora de decidir qué localidades tendrán Internet y cuales no. Así lo confirmó ayer en Zamora, en una reunión con alcaldes de la provincia, la directora general de Telecomunicaciones, María Victoria Seco.

A día de hoy Internet, aunque necesario para muchos trámites de la vida cotidiana, sigue considerado como un servicio privado que solo pueden prestar empresas de telecomunicaciones y en ningún caso la administración. Esta cuestión, dice la Junta, es la que hace que muchos pueblos -a día de hoy en la provincia son todos salvo la capital, Benavente y Toro- carezcan de fibra óptica. Las inversiones "no son rentables" y las empresas no las realizan. Aunque el Ministerio de Fomento corre con el 70% de los gastos que tiene que realizar una operadora para llevar la fibra óptica hasta un entorno rural, el escaso número de potenciales clientes de estas zonas hace que el gasto siga sin merecer la pena.

"Escuelas conectadas", confía la Junta, puede servir como punto de inflexión en este asunto. "La administración va a llevar la fibra óptica a todos los centros de enseñanza Primaria y Secundaria de la comunidad", anunció ayer Seco. La licitación verá la luz "en verano" y el proyecto será encargado a la empresa del ramo que mejor oferta presente. La importancia radica en que, si es la Junta la que, a través de esta partida presupuestaria, lleva la fibra hasta el entorno rural, la inversión resulta mucho menos cara y más atractiva. La fibra óptica, cabe señalar, requiere de obra civil para su despliegue entre localidades porque debe ir soterrada. Esto se lleva buena parte del dinero del despliegue, dinero que las "telecos" no tendrán que gastar porque la fibra ya estará dentro de los pueblos que tengan un centro educativo. A partir de ahí, siempre que haya empresas interesadas en hacerlo, solo hay que hacer el despliegue interior para que los vecinos se puedan conectar.

Los residentes de zonas que no tengan fibra óptica ni tampoco colegios solo tienen una alternativa al "apagón": el satélite. Las ayudas de la Junta para esta tecnología ya no existen porque "el Ministerio de Fomento ha sacado una línea idéntica", a la que deben acudir los ciudadanos interesados. Esta tecnología, aunque dista mucho igualar en velocidad a la fibra óptica, permite velocidades de descarga que pueden llegar a los "30 megas por segundo". La fibra, al menos de momento, no podrá llegar por otra vía que no sea la de la iniciativa privada.

En este sentido, María Victoria Seco recordó que son los alcaldes de las zonas interesadas los que deben ponerse en contacto con las operadoras para intentar que la fibra se instale en sus pueblos. Esta es la vía que han seguido las seis localidades zamoranas que el año pasado consiguieron "convencer" a las "telecos" para invertir en su zona gracias a las subvenciones del 70% del coste que aporta el Gobierno.

Los pueblos en cuestión son Fermoselle, Fuentesaúco, Moraleja del Vino, Morales del Vino, Villaralbo y Puebla de Sanabria, anunció Seco. En total se beneficiarán unos 11.000 habitantes. La Junta saca, además, subvenciones para poblaciones de menos de 500 habitantes -para no solapar las ayudas con las que se ofrecen desde el Gobierno de España- gracias a las cuales se financia el 90% del coste del despliegue. De momento ningún pueblo ha conseguido que se despliegue la fibra por su territorio con esta segunda línea de subvenciones.

Por último, hay que señalar los 1,5 millones que este año se destinarán a ayudas que, en la misma línea que las anteriores, van destinadas a que el Internet de alta velocidad llegue a los polígonos industriales. "A veces las operadoras dejan la instalación en los pueblos, pero los polígonos están en las afueras y las empresas también necesitan Internet de alta velocidad". Este es el primer año que se desarrolla este plan, y lo hace con una partida de 1,5 millones. Sin embargo, "estamos en las mismas", porque son las empresas de telecomunicaciones las que tienen que decidir si invierten o no. "Necesitamos que las operadoras presenten proyectos concretos para que sean aprobados y tengan financiación", zanjó María Victoria Seco.