El Consejo Consultivo de Castilla y León ventiló durante el año pasado reclamaciones de los ciudadanos a las administraciones por importe de 3,7 millones de euros en un año en que de nuevo volvió a crecer la actividad y la del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.
La única institución propia de la comunidad autónoma con sede en Zamora concluyó el año con 600 consultas tramitadas y un total de 571 dictámenes aprobados, un 11,3% de incremento sobre 2016. Además, en su faceta añadida como Tribunal de Recursos, el órgano de control externo de las administraciones presidido por Mario Amilivia e integrado por los consejeros José Ignacio Sobrini y Francisco Ramos resolvió 119 recursos, un 16,6% más que el ejercicio anterior.
Con los números de 2017 el Consejo Consultivo de Castilla alcanza los 14.200 dictámenes emitidos desde el inicio de su actividad en 2003, 1.200 de los cuales (8,5%) se generaron por las consultas surgidas en Zamora.
El Consultivo realiza una labor de control preventivo de la actuación de las administraciones mediante la cual se contribuye al acierto y al ajuste al ordenamiento jurídico por parte de éstas y, lo que no es menos importante, a garantizar los derechos de los ciudadanos. Dictámenes, algunos de ellos de gran trascendencia, que se han caracterizado todos ellos por la unanimidad y el consenso en su aprobación. Un Consejo Consultivo caracterizado por su independencia, objetividad y transparencia, y que continúa siendo el más reducido de los existentes en las comunidades autónomas, lo que le coloca proporcionalmente como el de mayor productividad en volumen de informes despachados.
Tres de cada cuatro dictámenes fueron aprobados en sentido favorable a la resolución propuesta por las administraciones en sus consultas.
La estadística anual sitúa a la provincia de Zamora como la quinta de Castilla y León en volumen de consultas y dictámenes: 60 informes emitidos. Valladolid es la primera con 109, León con 103, Burgos con 84 y Salamanca con 64. Zamora se sitúa además como la primera provincia en dictámenes en relación a su número de habitantes (17%), seguida de Palencia (13,4%) y Burgos (12%).
42 de los dictámenes correspondientes a la provincia de Zamora tuvieron como origen las administraciones locales (entidades locales y Diputación Provincial) y 18 la Junta. 47 de los 60 dictámenes derivaron de consultas de responsabilidad patrimonial, seis de consultas sobre revisión de oficio de los actos administrativos, cuatro de consultas sobre contratación administrativa, dos sobre recursos administrativos y uno sobre convenios y acuerdos. Se trata del convenio específico de colaboración entre las comunidades de Galicia y de Castilla y León para la renovación del firme de la carretera OU-124, que forma parte del itinerario que comunica la localidad de Porto con la carretera N-525, y su posterior conservación.
En relación a las consultas sobre responsabilidad patrimonial, que fueron nuevamente las más numerosas en todas las provincias de Castilla y León, Zamora generó 47, el 78,3% del total. Estas consultas sumaron 3.790.024 euros en reclamación de indemnizaciones por cuestiones relativas a daños y perjuicios por el normal o anormal funcionamiento de los servicios públicos. En el conjunto de Castilla y León, estas reclamaciones, 438 en total, alcanzaron los 31.884.169 euros.
En la provincia zamorana, de los referidos 47 dictámenes sobre responsabilidad patrimonial, 19 derivaron de reclamaciones por daños diversos frente a las administraciones, 11 se originaron por daños del mobiliario urbano, 8 por reclamaciones en el ámbito sanitario, 4 por accidentes a causa del mal estado de las calzadas, otros cuatro por siniestros de tráfico ocasionados por la irrupción de fauna en las carreteras, y una por una reclamación de daños en el ámbito escolar.
