El Congreso de los Diputados tramitaba este pasado miércoles la Proposición de Ley llevada a la cámara por Unidos Podemos para eximir de la aplicación de la regla de gasto a los ayuntamientos más saneados. Una iniciativa que busca liberar de las limitaciones de gasto que contempla este instrumento a las corporaciones locales que cuenten con superávit, un nivel de deuda menor al 110% y paguen a sus proveedores en un tiempo inferior a los 30 días, requisitos que actualmente cumple el Ayuntamiento de Zamora. Por ello, los principales responsables del equipo de Gobierno han abordado la situación y esperan que finalmente llegue a buen puerto para tener más libertad de gasto. Reclamación que, si bien no es nueva, ahora se ha pedido con más vehemencia.

El teniente de alcalde y concejal de Hacienda de IU en el Ayuntamiento de Zamora, Miguel Ángel Viñas, se pronunció sobre este asunto durante la presentación del presupuesto para 2018. "Actualmente, este Consistorio tiene un límite de gasto de 47 millones y nos parece absurdo. No tiene sentido tener dinero en el banco y no poder invertirlo en servicios para los ciudadanos", defendió el edil de Izquierda Unida.

Una opinión que también comparte el alcalde, Francisco Guarido, quien fue más allá a la hora de valorar este precepto que "lastra" las opciones del Ayuntamiento de Zamora. "Hemos elaborado u Presupuesto adaptado a la Ley Montoro pese a que no estamos de acuerdo con ella. Recaudamos más de 50 millones de euros y tenemos el techo de gasto en 47 millones, algo que no se sostiene", manifestó el regidor. "El Ayuntamiento de Zamora tiene las cuentas saneadas y no nos dejan invertir como queremos. Pero este no es un problema nuestro, sino de otros muchos ayuntamientos de España de todos los signos políticos", expresó.

Lo que quiere el Ayuntamiento de Zamora, una vez eliminada la deuda bancaria que acumulaba hasta el momento, es poder liberarse de las ataduras de la Ley racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, mejor conocida como "Ley Montoro", para poder invertir en servicios el superávit generado y no tener que ajustarse a una regla de gasto que consideran "injusta" y que "lastra" el desarrollo del Consistorio. El primer paso en el Congreso de los Diputados ya está dado, aunque los ayuntamientos tendrán que esperar para ver si podrán liberarse de los preceptos de esta Ley de cara al futuro.