Cedilla llegó a facturar entre 8 y 9 millones de euros en un año, en 2006, pasando de "una facturación irrisoria" a un volumen de negocio importante, en palabras del fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Rafael de Vega Irañeta, durante el interrogatorio a la contable de la sociedad zamorana ubicada en el polígono industrial de Los Llanos, cuyo gerente, de iniciales C.C.L., está siendo juzgado junto a un empresario vasco y otro madrileño, de iniciales J.A.R.A. y R.T.G., por defraudar 30 millones de euros a la Hacienda Pública entre 2006 y 2007.

La empresa zamorana de distribución de bebidas era el punto neurálgico que la supuesta trama internacional, creada para evadir el IVA y el impuesto especial de licores, usaba en España para almacenar la mercancía que introducía a través de Hendaya, donde cargaban los transportistas para depositarla en la sede de la empresa en Los Llanos, de acuerdo con las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Una versión que De Vega Irañeta fue reconstruyendo con los testimonios de los transportistas que ayer pasaron por el Juzgado de lo Penal y fueron confirmando -en la segunda jornada del juicio que prosigue hoy- que "prácticamente llegaban a diario camiones desde Francia hasta Zamora" con las bebidas sin precinto, procedentes de la empresa de Massimiliano Lanzani, imputado en la causa como cabecilla de la red, en busca y captura.

Desde Cedilla salían camiones para distribuir las bebidas alcohólicas libres de impuestos a diferentes puntos del país, desde Burgos a Santander, Figueras, Valencia o Madrid, según la acusación de la Fiscalía Provincial y el Abogado del Estado que exigen 24 años de prisión para los tres procesados.

El empresario italiano Massimiliano Lanzani adquiría las bebidas en España sin tributar (en régimen suspensivo) para exportarlas a Francia y reintroducirlas de forma ilegal de nuevo en territorio español, a través de Hendaya, desde donde la mercancía viajaba hasta Zamora para venderla en España, con lo que el IVA nunca llegaba a pagarse.