La relación entre el equipo de Gobierno y el interventor municipal nunca ha sido buena desde un principio, pero el conflicto terminó de enquistarse cuando el funcionario llevó a Christoph Strieder ante la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación que terminó archivado. Después de ese episodio, el Ayuntamiento de Zamora decidió "reorganizar" el servicio de Intervención "de mutuo acuerdo" para entregar una serie de competencias a la viceinterventora que hasta el momento gestionaba el propio interventor. Además, este último podría utilizar el teletrabajo de ese momento en adelante.
El denominado "caso de los váteres del mercadillo" fue la gota que colmó el vaso de una relación maltrecha desde el inicio del mandato que ha llegado incluso a encontronazos verbales durante la celebración de los Plenos. Una vez conocido el archivo de la causa contra Christoph Strieder, Guarido expresó su firme convencimiento de que el interventor municipal actuó "de manera desproporcionada" al acudir a los tribunales con este asunto, a su juicio, de bajo calado y anunció el estudio de "posibles medidas" contra el funcionario. Finalmente, la solución llegó "de mutuo acuerdo" según el alcalde y dio con el interventor alejado de ciertas funciones que hasta el momento gestionaba de manera única y que pasaron a manos de la viceinterventora.
