Más de 150 zamoranos condenados por maltrato o con órdenes judiciales para de protección de las mujeres que les han denunciado por violencia de género figuran en el Registro del Ministerio de Justicia, de acuerdo con la información facilitada por el fiscal especialista en la materia, Evaristo Antelo Bernández. Este servicio recoge todas las denuncias admitidas a trámite, las órdenes de protección dictadas, así como los datos personales del agresor (condenado o aún sin juzgar) y de la persona agredida.
En estos momentos, las mujeres zamoranas que disponen de protección policial, por orden judicial, superan también las 150, de las que 60 disfrutan de esa medida desde enero, tras efectuar una denuncia en el Juzgado de Violencia de Género, que concentra la mayoría de los casos, o en algún otro de la provincia.
En cuanto a los hijos, los jueces zamoranos no ha prohido las visitas a ninguno de los hombres condenados por maltrato o denunciados por este delito en 2016 y lo que llevamos de 2017, "se suelen limitar", explica Antelo Bernández. Asimismo, "se han restringido visitas drásticamente a dos", en concreto a uno de ellos por ejercer violencia psicológica. En otros dos casos, los menores estaban registrados solo por la madre, por lo que no fue necesario tomar ninguna medida.
Los juicios celebrados para resolver estos delitos suman 121, de los que 66 se desarrollaron en el Juzgado de lo Penal, mientras que 55 tuvieron lugar en el Juzgado de Violencia de Género y en tres cuartas partes de ellos el denunciado admitió haber maltratado a su pareja, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se benefició de la atenuante de reconocimiento de los hechos.
Las víctimas de violencia de género reciben atención y protección desde la la Unidad de Familia (UFAM) de la Policía Nacional, que engloba las secciones de protección e investigación, con un total de siete agentes adscritos al servicio, una ampliación de efectivos que comienza a funcionar este mes de diciembre y permite destinar a tres policías para acompañar a las víctimas de violencia de género que tienen esa medida judicial.
Las mujeres que han denunciado y disponen de la orden de protección permanecen bajo vigilancia policial las veinticuatro horas del día, con un dispositivo de telefonía móvil que las mantiene en constante comunicación con el policía nacional que se le ha asignado, quien realiza la acompaña de forma continuada cuando abandona su domicilio si así lo solicita, tanto para efectuar gestiones como para realizar compras.
El policía garantiza que la víctima no corre riesgo de toparse con su maltratador y sufrir una agresión que pueda poner en peligro su integridad física o su vida. A ellos les toca no pocas veces asesorar a esas mujeres para informarles sobre ayudas a las que tienen derecho y servicios sociales a su disposición, por ejemplo, se les acompaña para inscribirse en el paro, paso previo para recibir la Renta Activa por Inserción (RAI), que ronda los 400 euros.
El Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica se creó en el año 2004 para que jueces, fiscales y Policía Judicial dispusieran de una información más fiable para proteger mejor a las víctimas de maltratado, tanto de violencia de género como del ámbito familiar (las denominadas domésticas), se haya celebrado ya o no la vista oral para resolver el caso denunciado.
