29 de noviembre de 2017
29.11.2017

El exalcalde de Cerecinos y la exsecretaria, acusados de falsificar la firma de facturas

El Ayuntamiento de la localidad exige 7 años de cárcel para los dos cargos públicos y 6 años de inhabilitación, así como el pago de 12.278 euros

30.11.2017 | 17:57
Los dos acusados durante el juicio celebrado ayer.

Las firmas del actual teniente de alcalde del PP, Manuel González Vega, entonces concejal tesorero del PSOE, en la fotocopia de cuatro facturas del Ayuntamiento de Cerecinos de Campos que contenían gastos por "servicios religiosos" y "diversos o varios" fueron falsificadas, según el perito judicial, por la que fuera secretaria municipal, de iniciales C.H.D., en el periodo de 2007 a 2008; y el entonces alcalde de Adeiza, Ángel María Trilla Casquero. El Ayuntamiento, que les denunció por este delito, sostiene que esos gastos, 12.278,42 euros, no están acreditados.

Las fotocopias se corresponden con facturas reales que se queda el banco, según explicaron los acusados y los testigos, por lo que la secretaria hacia copias para dejarlas en archivo del Consistorio, la cuestión que tendrá que dilucidar la Audiencia Provincial es porqué no coinciden las firma del tesorero en cuatro facturas con la que aparece en las fotocopias, rúbricas que están falsificadas.

Los abogados de los dos procesados, que exigen la absolució, sostienen que los documentos presentados como prueba de los delitos de falsedad que se les imputan a sus clientes "fueron manipulados, no admitimos su veracidad, al ser fotocopias que no se corresponden con los documentos reales", en los que afirman que la rúbrica es la auténtica, lo que también niega el abogado del Ayuntamiento.

La Fiscalía no ejerce la acusación pública en este caso "por las grandes dudas" sobre el caso, ya que la denuncia se basa en fotocopias de las facturas que realiza la secretaria para disponer de un control de los gastos y, cuando se cotejan esos documentos con los originales, "no coicinden", "las firmas son burdas" e "inventadas, dibujadas" y "no está acreditrado que hubiera un intención de estafar".

La denuncia partió de la auditoría que el actual alcalde del PP, Andrés Alonso Casquero, y su equipo de Gobierno del PP efectuaron tras hacerse con el sillón de la Alcaldía en septiembre de 2010, destapó las presuntas irregularidades, según explicó ayer en el juicio que celebra la Audiencia Provincial, a la que el Ayuntamiento de Cerecinos solicita que inmponga una pena de 7 años y seis meses de cárcel para los dos imputados: 3 años para Trilla Casquero y otros 2 de inhabilitación; y 4 años y seis meses de cárce para la funcionaria y otros 4 años de inhabilitación. La institución local les reclama 12.278,42 euros, así como una multa de 4.500 euros para la imputada y de 1.800 euros para el político de Adeiza.

Trilla Casquero, que negó haber falsificado la firma del tesorero en una de las facturas, justificó que en ellas hubiera gastos sin justificar "porque en los pueblos tratamos de economizar, si hay que comprar una bombilla, una manguera o unas llaves para que el algualcil no tuviera que dejar su puesto de trabajo, lo compraba yo, aprovechaba el viaje". Negó que percibiera ninguna dieta para sufragar esos desplazamientos.

Ante el informe del perito que le atribuye una de las firmas falsificadas sin lugar a dudas, el exmandatario municipal declaró a preguntas de la fiscal que "no soy consciente de haber firmado" y sostuvo que "le tesorero", el teniente de alcalde actual, "nunca se negó a firmar estas facturas", versión que contradice la del político del PP.

Trilla Caquero se siente víctima de la animadversión que tanto el alcalde actual, que entonces era de su mismo partido Adeiza como el teniente de Alcade afirma que tienen hacia él. A preguntas de su abogado, aseveró que a Alonso Casquero, que "ahora es muy ofensivo", le mueve la "enemistad" que siente hacia él y que quiere "desprestigiarle", para lo que se han manipulado los documentos que de los que parte la denuncia.

La exsecretaria del Ayuntamiento, que ocupaba la plaza de forma provisional, declaró que el alcalde realizaba gastos y ella los daba el visto bueno si estaba incluido en el presupuesto, que solía haber facturas y se adjuntaban los tickets de los gastos a las mismas, que en las denunciadas no aparecen, a lo que los dos imputados consideran que pudieron ser manipuladas.

En el caso de los denominados "servicios religiosos", de los que no existe ningún justificante, la secretaria indicó que "el dinero se lo daba al cura en mano, pero si se pide certificado, te lo da". La funcionaria negó haber falsificado la firma del tesorero en fotocopias de las facturas, aportadas por la acusación, falsificación ratificada por el perito judicial.

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