El ritmo que durante los nueve primeros meses del año (a la espera de que la semana que viene se publique la estadística de octubre) ha marcado el Índice de Precios al Consumo en la provincia de Zamora indica que, salvo desplome de la cesta de la compra o más que improbable cambio de planes del Gobierno de Mariano Rajoy, los pensionistas volverán a perder poder adquisitivo el año que viene.
Los precios han subido en un año un 1,2% en la provincia de Zamora. La situación, además, es más delicada en unos productos que en otros, siendo precisamente los que engloban el conjunto de lo que podrían llamarse "necesidades básicas" los que más se encarecen. En este grupo aparecerían alimentos y bebidas no alcohólicas, entre otros. Por contra, todo indica que las pensiones volverán a subir este año un 0,25%, lo mínimo que marca la ley tras la reforma hecha por el Gobierno hace unos años. El cruce de ambas cifras indica que, si el ejercicio se cerrara hoy, los pensionistas perderían casi un punto de poder adquisitivo. Sería el quinto año consecutivo en el que las pensiones suben el mínimo que marca la ley, lo que habla de una revalorización bastante escasa desde el año 2013.
El Gobierno recoge esta proyección en un escenario de "política constante" -sin nuevas medidas y sin tener presentados los Presupuestos de 2018- en el que también trabaja con el supuesto de congelación de los salarios de los funcionarios.
Desde que la reforma de 2013 desligó la subida de las pensiones de la evolución del IPC, estas prestaciones solo se han revalorizado durante los siguientes años el mínimo establecido por la ley, lo que se ha justificado en la situación de déficit del sistema de la Seguridad Social, recuerda la agencia Efe.
En porcentaje del PIB, estas proyecciones se reflejan en un menor peso del gasto que pasa del 41,2% en 2017 al 40,6% en 2018.
Al detalle, la remuneración de empleados (con ese supuesto de congelación) pasa de suponer el 10,6% del PIB en 2017 al 10,2% en 2018; mientras que las transferencias sociales, donde se incluye el gasto en pensiones, pasan de suponer el 17,8% del PIB al 17,5%. En este último capítulo, el descenso se debe al menor gasto en prestaciones por desempleo "por la mejora del mercado laboral".
Asimismo, el Gobierno contempla un aumento de la ratio de ingresos del 38,1% del PIB en 2017 al 38,3% en 2018, gracias a la mejora de la economía. Con estas proyecciones, España prevé que el déficit público del conjunto de las Administraciones Públicas pase del 3,1% en 2017 al 2,3% en 2018.
El Gobierno ha enmarcado estas cifras en una previsión de crecimiento del PIB del 2,3% para 2018, tres décimas por debajo de lo previsto inicialmente por la incertidumbre asociada a la situación en Cataluña, la moderación del ciclo económico y la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.
