"Me da hasta bochorno que se haya llevado a la Fiscalía", por parte del interventor municipal, la instalación de cuatro servicios públicos portátiles en el mercadillo ambulante situado en el Alto de lo Curas, "después de ver en días pasados las resoluciones" de dicho órgano fiscal "por el caso de la Gürtel", declaró ayer el alcalde de IU en Zamora, Francisco Guarido. El regidor municipal sostiene que "había una partida" ya para tal fin y que "con posterioridad se hace un contrato menor", que "legal", y que "se solicitó presupuesto a varias empresas".
El mandatario municipal explicó que el gasto "era urgente" y "de emergencia" para indicar que el desembolso fue los 4.250 euros, la misma cantidad que se venía librando mes a mes con la fórmula de "propuesta de gasto". Y concluyó que la decisión tomada por el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder, "es legal".
El interventor denunció ante el Ministerio Público que no existía una consignación presupuestaria en las cuentas del Ayuntamiento de Zamora para afrontar este gasto, una acto del que el alto funcionario municipal "dará cuentas de lo que proceda al final", agregó Guarido, porque "todos somos responsables de lo que hacemos en este Ayuntamiento, desde el equipo de Gobierno hasta los funcionarios".
El regidor municipal insistió en la urgencia de instalar los cuatro servicios públicos, "uno de ellos para minusválidos", remarcó, para de inmediato aclarar que se podían "contratar por emergencia" desde la Concejalía de Comercio y que la oferta que finalmente se eligió fue "la mejor" de las que se hizo.
Guarido quiso "aclarar los datos" del contrato "para saber de lo que estamos hablando" y concretar que el gasto supone que se facturarán 4.250 euros en 19 semanas durante las que se desarrolla el mercadillo. Una cantidad que "se desglosa en poco más de 200 euros por semana". El alcalde reiteró que "se trataba de contratación que había que hacer", consistente en colocar los cuatro baños portátiles, "uno para discapacitado urgente y de emergencia", decisión que se toma después de un "acuerdo del Pleno" y con una tramitación correcta. Se trata de un contrato menor para adjudicar, por lo que esta denuncia, "comparada con otras cosas, me da hasta bochorno". El Ayuntamiento remitió el expediente a la Fiscalía hace un mes, aclaró Guarido, " espero la respuesta del fiscal", dijo.
Por su parte, el grupo municipal del PP, calificó ayer el caso como "de extrema gravedad y que pone de manifiesto la forma de actuar del bipartito", en referencia al Gobierno municipal que ejercen IU y PSOE, después de que preguntaran si había algún requerimiento judicial en la Concejalía de Comercio y se les contestara que no.
