El interventor del Ayuntamiento de Zamora ha denunciado ante la Fiscalía Provincial la instalación de baños portátiles en el mercadillo ambulante que se celebra los martes en la capital de Zamora por que considera que podría haberse incurrido en un delito, al efectuar el gasto sin una partida presupuestaria, según ha podido sabe La Opinión-El Correo de Zamora.

El Ministerio Público ha abierto las oportunas diligencias para determinar si el equipo de Gobierno formado por los grupos políticos de IU y PSOE y, en concreto, el concejal de Comercio, Christoph Strieder, podrían haber incurrido, según constaría en la denuncia, en un delito de prevaricación al acordar las instalaciones salubres sin que se haya tramitado en el presupuesto o abierto una partida complementaria.

El Ayuntamiento de la capital que preside Francisco Guarido, la Concejalía de Comercio en este caso, deberá remitir al Ministerio Público toda la información obrante en el expediente municipal abierto para aprobar la dotación de esa infraestructura al mercado ambulante que se desarrolla una vez a la semana en el Alto de los Curas.

La decisión deberá estar suficientemente justificada y demostrar que se ajusta a la legislación vigente para impedir que la denuncia termine en una investigación judicial en función de lo que concluya en su informe la Fiscalía Provincial tras analizar las pruebas que recopile sobre este acuerdo de la Concejalía de Comercio.

La documentación ha sido ya requerida por la Fiscalía Provincial, que ha iniciado ya la recopilación de toda la información necesaria para completar la investigación abierta y decidir si los órganos de Gobierno de la institucion local han incurrido en algún tipo de infracción penal, establecer cuál es y, en ese caso, remitir las diligencias al juzgado para que se proceda a investigar los hechos, de acuerdo con la información recopilada por La Opinión-El Correo de Zamora.

En función del resultado del análisis de esa documentación, la Fiscalía determinará si es preciso llamar a declarar a alguno de los cargos públicos de la institución local, el propio concejal de Comercio, y funcionarios de este servicio municipal para escuchar su versión sobre la toma de esta decisión.

No es la primera vez que este alto funcionario de la institución local lleva al Ayuntamiento capitalino ante la Fiscalía para denunciar presuntas irregularidades o ilegalidades en la gestión municipal llevada a cabo por diferentes equipos de Gobierno, en anteriores ocasiones los presididos por candidatos del PP.