El proceso completo para la ejecución de expropiaciones en las carreteras de la Diputación cuesta más de 90.000 euros al año. La institución provincial ha lanzado un contrato de servicios con una vigencia de dos años completos que abarcan parte de 2017, 2018 y parte de 2019 con un presupuesto base de licitación de 150.826 euros. Para este año, el contrato dedicará 55.000 euros, mientras que en próximo ejercicio -completo- reservará 90.000 euros frente a los 37.500 de 2019, que completarán los dos años de vigor. No obstante, el pliego de condiciones estipula una prórroga por un periodo de igual duración al inicial por las mismas cuantías "por mutuo acuerdo de ambas partes", plantea el pliego de condiciones.
El contrato engloba toda la formación y ejecución de los expedientes de expropiación forzosa que incoe la Diputación Provincial durante el periodo en vigor, incluido el momento de ocupación definitiva de las parcelas. El servicio contempla también asistencia técnica y jurídica para la realización de cuantos actos administrativos sean necesarios para el pago y la toma de posesión de las propiedades, derechos o intereses patrimoniales legítimos que ostenten los afectados por la expropiación. El adjudicatario deberá también asumir los trabajos de campo, técnicos, administrativos y de gestión para llevar a cabo la identificación de los bienes y derechos afectados por los proyectos y para tramitar los documentos que integran los expedientes de expropiación necesarios así como las condiciones técnicas básicas para su desarrollo.
Fases obligatorias
Las labores de la futura adjudicataria engloban cuatro fases principales: la comprobación del emplazamiento, linderos, titularidades y actualización del parcelario; el levantamiento de las actas previas a la ocupación, con el cálculo de los depósitos previos e indemnización por la rápida ocupación; la fase del justiprecio y comisión territorial de valoración; y el pago de los acuerdos y cantidades concurrentes. Otros de los trabajos serán las declaraciones de urgencia, modificaciones, ampliaciones y anuncios.
El consultor dispondrá de una oficina abierta con una superficie mínima de 30 metros cuadrados en la ciudad de Zamora, donde se realizará el seguimiento de los trabajos del consultor. También será la sede para las relaciones, atenciones y consultas con los afectados por la expropiación. La oficina estará dotada como mínimo de equipo informático, unidad de reprografía y encuadernación, una cámara fotográfica y una de vídeo.
La fecha límite de presentación de las ofertas se agota a finales de este año.
