Los productores fotovoltaicos de Zamora pidieron esta semana, en la asamblea que -organizada por Anpier- se celebró en la Cámara de Comercio, que el Gobierno cese el "atropello" al que, a su juicio, se han visto sometidos durante los últimos años. "Hemos soportado recortes hasta del 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca sí nos exigía, como es natural, el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el muchas personas debieron refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancaría".

Sin embargo, aseguran desde el colectivo de productores fotovoltaicos, "el Gobierno mantiene la reforma, estigmatizando socialmente a este colectivo para justificar sus arbitrarias decisiones; a pesar de que una instancia internacional, sin ningún tipo de condicionamiento político, ha dictaminado lo que en buena lógica es de justicia: que los acuerdos han de cumplirse o se debe restituir el daño causado, una cuestión que debería realizarse con más motivo cuando se trata de un Estado, que ha de velar por la seguridad jurídica en su territorio, y sobre todo, cuando se trata de familias que actuaron de buena fe, confiando en su Estado, que les llamó a que realizaran este esfuerzo inversor".

Así, los pequeños productores fotovoltaicos de Zamora, alrededor de mil familias según los datos de la organización Anpier, exigen "que se les otorgue la misma justicia que ha obtenido el primer fondo internacional al que se le devolvió su inversión y que, muy probablemente, alcanzarán también el resto de los fondos extranjeros, una treintena, que están pendientes de la resolución de sus casos en el Banco Mundial. Resulta inaceptable que por una misma situación, el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales", apuntan. Los productores aseguran que el Defensor del Pueblo ya se posicionó contra esta "injusticia" y esperan que el Gobierno "recapacite".