En el acto de hoy Anpier alertará también "de la gravedad que supone la destrucción del colectivo de las 62.000 familias fotovoltaicas y denunciará que el Gobierno pretende expulsar a estos pequeños operadores y disuadir a la sociedad de acceder a este mercado para mantenerlo en modo oligopolístico". Mil de estas familias, según los cálculos de Anpier, son zamoranas.

En esta línea, "los pequeños productores fotovoltaicos españoles exigen que se les otorgue la misma justicia que han obtenido los fondos inversores internacionales y que, muy probablemente, alcanzarán también el resto de los fondos extranjeros, una treintena, que están pendientes de la resolución de sus casos en el Banco Mundial. Resulta inaceptable que por una misma situación, el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales".

Anpier ha venido denunciando durante los últimos años el "atropello" sufrido por los productores fotovoltaicos, que "han soportado recortes hasta del 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca sí les exigía, como es natural, el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancarias".

Sin embargo, , afirman desde Anpier, "el Gobierno mantiene la reforma, estigmatizando socialmente a este colectivo para justificar sus arbitrarias decisiones; a pesar de que una instancia internacional, sin ningún tipo de condicionamiento político, ha dictaminado lo que en buena lógica es de justicia: que los acuerdos han de cumplirse o se debe restituir el daño causado, una cuestión lógica".